El Gobierno checo no indemnizará a las decenas de gitanas checoslovacas que fueron esterilizadas sin su consentimiento mayoritariamente durante el régimen comunista (1948-1989), según informaron este miércoles los medios locales.
El Ejecutivo praguense se ha pronunciado sobre el particular con una declaración en la que hace constar que esos casos individuales de esterilización fueron 'deplorables'.
El primer ministro checo, Jan Fischer, reconoció que las esterilizaciones se efectuaron en violación de la ley, y que 'la profesión médica fracasó'.
Con esa comunicación oficial, la primera que realiza Praga tras conocerse los casos de esterilización de mujeres sin su consentimiento, sobre todo durante el régimen comunista, se quiere poner fin al estigma asociado al país centroeuropeo por esos casos de mutilación.
Praga ha sido criticada por organismos internacionales, como la ONU, y organizaciones humanitarias, que denunciaron dichas prácticas.
El ministro de Derechos Humanos, Michal Kocab, ha reconocido que la Administración checa se había ocupado de esta cuestión, aunque se trataba de un práctica frecuente durante el régimen comunista, pero que continuó también en los últimos veinte años, cuando el país retornó a la democracia.
Frente a ello, se ha involucrado el Defensor del Pueblo, Otakal Motejl, a quien han recurrido cerca de 80 mujeres de etnia romaní que fueron esterilizadas sin su consentimiento entre 1973-1990, para pedir justicia.
El Defensor del Pueblo considera que la declaración gubernamental no es suficiente, y que aquellas mujeres que fueron esterilizadas sin su consentimiento deben ser indemnizadas.
'Ahora nos hemos concentrado en esta disculpa, que supone la base para un paso lógico posterior. Pero este paso no se produce en un momento feliz, ya que es época de crisis económica', señaló Kocab.
El primer ministro checo, Jan Fischer, reconoció que las esterilizaciones se efectuaron en violación de la ley, y que 'la profesión médica fracasó'.
Con esa comunicación oficial, la primera que realiza Praga tras conocerse los casos de esterilización de mujeres sin su consentimiento, sobre todo durante el régimen comunista, se quiere poner fin al estigma asociado al país centroeuropeo por esos casos de mutilación.
Praga ha sido criticada por organismos internacionales, como la ONU, y organizaciones humanitarias, que denunciaron dichas prácticas.
El ministro de Derechos Humanos, Michal Kocab, ha reconocido que la Administración checa se había ocupado de esta cuestión, aunque se trataba de un práctica frecuente durante el régimen comunista, pero que continuó también en los últimos veinte años, cuando el país retornó a la democracia.
Frente a ello, se ha involucrado el Defensor del Pueblo, Otakal Motejl, a quien han recurrido cerca de 80 mujeres de etnia romaní que fueron esterilizadas sin su consentimiento entre 1973-1990, para pedir justicia.
El Defensor del Pueblo considera que la declaración gubernamental no es suficiente, y que aquellas mujeres que fueron esterilizadas sin su consentimiento deben ser indemnizadas.
'Ahora nos hemos concentrado en esta disculpa, que supone la base para un paso lógico posterior. Pero este paso no se produce en un momento feliz, ya que es época de crisis económica', señaló Kocab.
