La Subdelegación del Gobierno archivó el expediente incoado por la Policía Local de Carballiño contra el responsable del grupo Matar por matar non, por la protesta que emprendió para que se investigue la perrera municipal.
El colectivo ecologista Matar por matar non celebra la resolución de la Subdelegación del Gobierno, mediante la que procede a archivar el expediente incoado contra el responsable de la entidad, Julio Fernández, tras la denuncia presentada por la Policía Local de Carballiño, que le acusaba de alterar el orden público.
La Subdelegación considera que no se acredita que se produjese la alteración del orden y ordena el sobreseimiento del expediente.
Los hechos ocurrían durante el pasado mes de abril, cuando Matar por matar non estacionó un vehículo con música y una pancarta delante del Concello durante varios días para exigir la constitución de una comisión con vistas a investigar la muerte de un buen número de perros, cuyos cadáveres fueron descubiertos por varios grupos ecologistas en las instalaciones municipales de A Medela.
Derechos
Para Julio Fernández, non só non se acredita que houbese alteración do orden, senón que a denuncia era unha terxiversación obvia e intencionada da realidade.
Al respecto, el responsable del colectivo considera que os denunciantes conculcaron dereitos fundamentais nosos, que tiñan a obriga de defender e protexer.
La Subdelegación considera que no se acredita que se produjese la alteración del orden y ordena el sobreseimiento del expediente.
Los hechos ocurrían durante el pasado mes de abril, cuando Matar por matar non estacionó un vehículo con música y una pancarta delante del Concello durante varios días para exigir la constitución de una comisión con vistas a investigar la muerte de un buen número de perros, cuyos cadáveres fueron descubiertos por varios grupos ecologistas en las instalaciones municipales de A Medela.
Derechos
Para Julio Fernández, non só non se acredita que houbese alteración do orden, senón que a denuncia era unha terxiversación obvia e intencionada da realidade.
Al respecto, el responsable del colectivo considera que os denunciantes conculcaron dereitos fundamentais nosos, que tiñan a obriga de defender e protexer.
