El grupo de Gobierno de Carballiño elabora en estos momentos el presupuesto de 2022, que contemplará el incremento de los fondos que otorga el Gobierno del Estado en un 13% con la finalidad de cubrir las necesidades de gasto y apuntalar la recuperación económica y social tras la crisis causada por la pandemia. La cantidad asciende a 3.300.000 euros, frente a los 2.950.000 del año anterior.
Asimismo, en el capítulo de ingresos también se verá incrementada la aportación de la Xunta para el Servizo de Asistencia no Fogar (SAF), que aumentará en torno a 1 euro por usuario en el presente ejercicio.
El montante total rondará los 10 millones de euros, según apunta el alcalde, Francisco Fumega, quien asegura que, por el contrario, los ingresos por plusvalía se verán aminorados y las tasas e impuestos municipales se han congelado un año más, lo que restará ingresos a las arcas municipales.
El gasto también crecerá en el capítulo de personal, cuyas retribuciones aumentarán un 2%, lo que supondrá un incremento que ronda los 80.000 euros; al igual que el coste del servicio de Bo Dia Familia o la previsible e importante alza que experimentará el recibo de consumo de la energía eléctrica.
Con este cuadro económico, el gobierno local pretende llevar a cabo una serie de proyectos a lo largo de este ejercicio, destacando en primer lugar la intervención en la calle Ourense, con una inversión de 920.000 euros de los que la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil aportará el 80% y el Ayuntamiento el 20% restante.
Entre las obras previstas para ejecutar en el año 2022 destaca la prolongación de la calle Faustino Santalices hasta la calle Carreira, creando así una alternativa para descongestionar de tráfico el centro, al mismo tiempo que se contempla la renovación del saneamiento, abastecimiento y la urbanización de la calle Carreira. Además, el gobierno municipal también prevé una reforma de la calle Saleta.
Igualmente se construirá la nueva nave de Protección Civil en colaboración con Vicepresidencia, para dar cumplimiento al requerimiento de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística y proceder al derribo de la nave existente en la estación de ferrocarril por estar en zona verde.
