Es una imposición del plan de ajuste, que también obliga a aumentar un 15% las escuelas deportivas
La Corporación de Carballiño debatirá hoy la propuesta del grupo de gobierno socialista sobre las ordenanzas fiscales para el 2016. Seis tasas municipales continúan sujetas a las condiciones impuestas por el Gobierno estatal a raíz de la concesión del crédito para abonar las deudas a proveedores, por lo que el Concello está obligado a subirlas.
Las cargas más importantes se aplicarán sobre el Conservatorio y la Escuela de Música, cuyas matrículas se incrementarán en un 20%; también las escuelas deportivas sufrirán un incremento del 15%, mientras que el uso de las instalaciones de deportes aumentará en un 8%. El gobierno local propone mantener las bonificaciones que se aplican este año, que oscilan entre el 10% y el 25%, en función de la renta y también para familias numerosas. Además, el suministro de agua experimentará un incremento del 1%; las licencias de obras de un 2,5% y el servicio de Bo día familia, de 1,5%.
Por otra parte, la propuesta contempla la congelación de algo más de una veintena de tasas, entre las que figura la recogida de residuos urbanos, el ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras), el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) y el impuesto de circulación de vehículos, también la tasa de ayuda en el hogar, la de la escuela de artes escénicas y las entradas del teatro. Otras que no variarán son las de terrazas, ocupación en mercados, publicidad en instalaciones deportivas, contenedores de obras, recogida de perros, limpieza de fincas, bodas y, entre otras varias, los vados, que incorpora también la figura de entrada de carruajes por la que el usuario pagará menos aunque no tendrá derecho al servicio de grúa. La imposición de la subida de tasas e impuestos se prolongará indistintamente hasta el 2020 y 2022, en que finaliza el plan de ajuste, que el gobierno local pretende liquidar cuanto antes.
El pleno también abordará una moción del grupo socialista para pedir a la Xunta la moratoria de dos años en la aplicación del decreto que obliga a reformar los locales sociales que se están usando como velatorios, al mismo tiempo que solicita ayudas para las obras.
