La construcción de chalés fue suspendida al invadir los accesos una zona antes comunal

La crisis aplaza un proyecto inmobiliario junto a Señorín

Finca ubicada tras el ambulatorio y el el edificio de Facenda. (Foto: Martiño Pinal)
Un fallo judicial abre el camino a la urbanización de una de las áreas de reparto (suelo para construcción) contempladas en el vigente Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Carballiño, la correspondiente a la parte trasera del Centro de Salud y la Administración de Facenda. La promotora Castro Banga había solicitado hace tres años ante el Concello la correspondiente licencia para la edificación de 25 chalés en la zona, contemplando un acceso desde la avenida Alberte Vilanova, junto a ambos edificios públicos, en la parroquia carballiñesa de Señorín.
Sin embargo, la junta rectora del comunal de esta localidad advirtió que la franja de terreno entre la citada avenida y la finca objeto de urbanización pertenecía a los comuneros, concretamente al monte denominado 'A Pena'. Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso número dos de Ourense, reconoció que esta superficie forestal, inicialmente de unos 38.000 metros cuadrados, era de titularidad municipal, asumiendo así un informe municipal del año 1973, y tras un recurso planteado por el propio Concello carballiñés.


GASTOS

La empresa inmobiliaria está dispuesta a retomar la idea de la urbanización, 'xa que a nivel legal non temos problemas para abrir accesos ata a finca, pero nestes intres aínda non imos iniciar o proceso', señala José Manuel Castro Banga. El motivo, añade, 'é que non están os tempos para meterse en moitos gastos, haberá que esperar a que a crise que padecemos no sector da construcción vaia a menos e poidamos acometer o proxecto'. El área urbanizable de Señorín es una de las 16 que figuran en el PXOM aprobado en 1999, pero ninguna de ellas fue ejecutada desde aquella fecha. La falta de entendimiento entre los propietarios de terrenos es, en la mayoría de los casos, la causa de que los proyectos no se lleven a cabo. La normativa exige un acuerdo entre los titulares del 51% de la superficie total para la elaboración de un proyecto constructivo, ya sea de edificios multivivienda o chalés, y una cesión del 10% para viales.

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