"Queremos el agua a un precio justo y en condiciones", argumentaban los vecinos encerrados, asegurando que "nos están cobrando las tasas más altas y nos envenenan con arsénico", refiriéndose al agua contaminada por arsénico en tres pueblos.
El grupo socialista abandonaba el pleno antes de finalizar, después de apoyar la propuesta de los vecinos y como protesta por el resultado de la votación.
El alcalde, Manuel Vázquez, a la vista del encierro, se puso en contacto con la Subdelegación del Gobierno, que envió a la Guardia Civil, aunque no se producía la orden de desalojo tal y como había previsto al principio el alcalde, que no quería dejar abiertas las puertas del Consistorio.
El portavoz de los vecinos, Joaquín Moldes, aseguró que más de 60 asociaciones de vecinos de la provincia manifestaron su apoyo a sus reivindicaciones, al mismo tiempo que solicitaba al delegado de la Xunta, Rogelio Martínez, que interceda en el conflicto con el fin de hacer cambiar de postura al equipo de gobierno para que rebaje la tasa del agua.
