Este auto llega tras el fin de la instrucción de la causa judicial por las contrataciones realizadas entre 1999 y 2011 en el Concello de O Carballiño
El Juzgado mixto 2 de Carballiño ha finalizado la investigación sobre las contrataciones realizadas entre 1999 y 2011 por dos exalcaldes, Pachi Vázquez, quien recientemente abandonó el PSOE, y Carlos Alberto Montes y los exconcejales Elisa Domínguez, Alfonso Prado y José Antonio Barge.
Un asunto iniciado tras una querella de la fiscalía de octubre de 2014. El auto notificado este martes da por concluida la instrucción e interesa que la fiscal presente acusación por prevaricación administrativa continuada. La acusación pública ya había pedido transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado, para poder ir a juicio, en diciembre de 2017.
La instructora concluye ahora que existen indicios de que los investigados, en el ejercicio de sus cargos, suscribieron en sus respectivos periodos de mandato "un gran número de contrataciones de personal laboral de duración determinada para el desempeño de labores de competencia municipal", en concreto dieron cobertura a 60 trabajadores. Esos contratos temporales, que devinieron en indefinidos, fueron realizados por los exalcaldes y exediles en representación del Concello de Carballiño, presuntamente, "sin atender a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que deben inspirar la contratación pública".
Los investigados, supuestamente, conocían "las advertencias y reparos de legalidad realizados en ocasiones por la interventora y el secretario", según señala la instructora, quien también destaca que "en ningún caso pidieron informes sobre la legalidad de las contrataciones que efectuaban". Además, afirma que, a pesar de las búsquedas de documentación, tanto a requerimiento del TSXG -la causa contra Vázquez al principio se siguió en esa instancia judicial porque era diputado y, por tanto, aforado- como del juzgado, no han podido hallarse los expedientes "de la inmensa mayoría de los contratos obrantes en la causa".
La jueza admite, no obstante, que también existen indicios que respaldarían algunos de los argumentos de las defensas, quienes alegan que hasta 2007 no había regulación específica de los procedimientos de selección de personal laboral temporal al servicio de la administración local. Además, aseguran que existieron procedimientos de selección de los trabajadores, si bien los expedientes se hallarían "dispersos" en diversas dependencias municipales. "En el presente caso obran indicios de diversa índole, la mayoría de ellos respaldando la versión sostenida por la fiscal en su querella y otros respaldando, al menos parcialmente, las versiones de las defensas", destaca la togada, quien recuerda que corresponde al órgano de enjuiciamiento "valorar la mayor o menor trascendencia de aquellos indicios de cara a integrar los requisitos jurisprudenciales del delito de prevaricación".
La magistrada decretó el sobreseimiento provisional respecto de la presunta falsedad documental atribuida a Montes y la personación del Concello de O Carballiño como responsable civil subsidiario.
