El abogado de la acusación particular pide castigo para Carlos Hernández por "amendentrar" a juez, fiscal y denunciante con una querella
El abogado de la promotora que ejerce la acusación popular en el juicio contra Aurea Soto y Carlos Hernández por prevaricación urbanística en relación con la Praza de San Antonio de la ciudad, ha criticado la intención del abogado procesado con la exconcejala al pretender perseguir judicialmente a quienes le inculpan. Y también ha cuestionado la decisión de Soto de llevar como testigos a tres magistrados del Tribunal Superior de Galicia. Antonio Feijóo Miranda señala que Hernández, "quien incomprensiblemente sigue siendo el abogado del Concello en todos los asuntos relacionados con el urbanismo, aun despues de estar procesado, se despacha nada menos que anunciando querellas contra el juez instructor el fiscal y la acusación". Dice que se trata de una "práctica" que sigue habitualmente, ya que en A Coruña ya interpuso, asegura, querellas por prevaricación contra otros magistrados.
Pero, además, tacha de "aberración" pedir la citación como testigos de tres magistrados, los que en su día dictaron un auto que declaró inejecutable la sentencia anulatoria de las primitivas licencias otorgadas para el complejo edificado en la plaza de San Antonio. Según el letrado, "dicho auto ni analiza ni da por buenas las licencias de legalización otorgadas a instancia de Aurea Soto. Simplemente se limita a constatar que se habían otorgado, sin poder pronunciarse sobre la validez de las mismas".
“Despropósito”
En cualquier caso, califica como "despropósito inédito" pretender que unos magistrados comparezcan como testigos para declarar sobre una resolución judicial. Porque, dice, "las resoluciones judiciales se explican por sí mismas, y ningún juez o tribunal puede ser citado como testigo para dar cuenta a otro juez del contenido de sus decisiones". "Tal petición -concluye- supera todo límite admisible, igual que es más que reprobable la estrategia de constante amedrentamiento de jueces y fiscales, que merece una respuesta contundente por parte del órgano de gobierno de los jueces".
