Los progenitores de un alumno del instituto de secundaria Portovello de Ourense se sentaron ayer en el banquillo de los acusados por un delito de abandono de menores. La fiscal reclama una pena de seis meses de cárcel para cada uno de los inculpados por no enviar a su hijo al colegio con regularidad cuando cursaba primero de la ESO en el periodo 2009-2010.
La representante de la acusación pública, durante el juicio, recordó que los padres tienen el deber de asistencia y cuidado de los menores a su cargo, entre los que está la escolarización obligatoria hasta los 16 años.
Según los datos facilitados por el colegio, el menor en cuestión faltó entre octubre de 2009 y marzo de 2010 en numerosas ocasiones sin que conste el motivo.
Como consecuencia del absentismo detectado, los padres del niño fueron advertidos por la tutora del niño y la dirección del centro de la obligatoriedad de la enseñanza y de las consecuencia del incumplimiento, según aseguraron en el transcurso del juicio.
La Fiscalía de Menores también incoó diligencias de investigación, advirtiendo de nuevo a los acusados sobre las consecuencias judiciales de sus deberes de guarda y custodia, entre los que está brindarle cuidados y velar por su asistencia a clases.
Por su parte, los inculpados, de etnia gitana, aseguraron que sí tienen interés en que su hijo acuda al colegio. Según manifestaron, lo dejan cada mañana a la puerta del instituto y lo recogen al finalizar las clases, ya que se dedican a la venta ambulante. Asimismo, negaron que desde el centro educativo se les advirtiera telefónicamente de la inasistencia.
Según los datos facilitados por el colegio, el menor en cuestión faltó entre octubre de 2009 y marzo de 2010 en numerosas ocasiones sin que conste el motivo.
Como consecuencia del absentismo detectado, los padres del niño fueron advertidos por la tutora del niño y la dirección del centro de la obligatoriedad de la enseñanza y de las consecuencia del incumplimiento, según aseguraron en el transcurso del juicio.
La Fiscalía de Menores también incoó diligencias de investigación, advirtiendo de nuevo a los acusados sobre las consecuencias judiciales de sus deberes de guarda y custodia, entre los que está brindarle cuidados y velar por su asistencia a clases.
Por su parte, los inculpados, de etnia gitana, aseguraron que sí tienen interés en que su hijo acuda al colegio. Según manifestaron, lo dejan cada mañana a la puerta del instituto y lo recogen al finalizar las clases, ya que se dedican a la venta ambulante. Asimismo, negaron que desde el centro educativo se les advirtiera telefónicamente de la inasistencia.
