La Audiencia Provincial de Ourense absolvió ayer a la alcaldesa de A Bola, Teresa Barge, por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente debido a los vertidos fecales de una fosa séptica de titularidad municipal situada en un polígono de la localidad de Podentes en este municipio ourensano. El tribunal considera que el vertido no ocasionó grave peligro para el medio ambiente, que la fosa séptica fue construida conforme a los estándares de la época y que la alcaldesa no era conocedora de la incoación del expediente sancionador de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.
Barge se mostró muy agradecida por la absolución, la celeridad del proceso y el apoyo recibido. “Celebro tanto a sentencia como a rapidez e agradezco os meus veciños do Concello o apoio incondicional que, coma sempre, me teñen manifestado durante iste proceso. E tamén o apoio dos compañeiros do partido”, aseguró, tras conocer la sentencia.
Los jueces declaran probado que la fosa séptica, construida por la Diputación de Ourense en 1991, empezó a prestar servicio en 1992 a siete casas particulares, el centro de salud y, a partir de 2012, también a una residencia de mayores que contaba con 24 usuarios.
Malas hierbas y matorral
“No se ha acreditado que los referidos vertidos hayan ocasionado ni real ni potencialmente un grave peligro al medio ambiente, ya que tan solo se han constatado una proliferación incontrolada de malas hierbas y matorral en la zona afectada”, asegura la resolución.
Además, los jueces destacan que el perito probó que “la fosa séptica está construida con arreglo a los estándares de la construcción del año 1991”. No ha quedado acreditado, en cambio, que la alcaldesa “fuera conocedora de la incoación del primer expediente sancionador, ya que según declara, la llevanza de tales cuestiones correspondía a una funcionaria, sin darle comunicación a la máxima responsable”, según el fallo.
El tribunal ve probado que se infringió la normativa medioambiental, pero “la ausencia de autorización no permite presumir en modo alguno la causación de un peligro”, explica.
La Fiscalía solicitaba para la alcaldesa de A Bola desde junio de 2003 una condena de un año y seis meses de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio de las funciones públicas durante el mismo periodo de tiempo, una multa de 2.880 euros y el pago de las costas.
Por su parte, la acusación particular, que le imputaba también un delito de daños, solicitaba 18 meses de cárcel, dos multas de 7.740 euros, y el pago de indemnizaciones por 12.546 euros.
Contra esta sentencia absolutoria cabe recurso de apelación durante diez días.
