Un vertido de aguas residuales en una finca particular en la localidad de Podentes sofocó y agotó a la alcaldesa de A Bola, Teresa Barge, en la vista oral celebrada durante algo más de dos horas en la Audiencia de Ourense. La imputada admitía, a la salida, que estaba “muy cansada” de un proceso que nunca debió llegar al máximo órgano judicial de la provincia por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Máxime cuando la acusación particular, en el trámite de conclusiones definitivas, al final del juicio, retiró el agravamiento del delito, por el que pedía cinco años y un día de cárcel para la regidora y lo que determinó que la causa se ventilase en la Audiencia.
El letrado bajó a 18 meses de prisión (igual que la Fiscalía), 12 meses de multa (a razón de 20 euros al día) y añadió otro 12 meses multa con la misma cuota por otro delito de daños. En cuanto a la responsabilidad civil, la cifró en 12.546,55 euros.
Una denuncia ante la Fiscalía de un particular que compró una finca de 18.000 metros cuadrados para una plantación de pinos sentó en el banquillo a la regidora del PP. El propietario dice que antes intentó hablar pero cayó en saco roto su requerimiento. “Antes de meter burocracia de por medio -aseguró- hablé con ella, no se me hizo ningún tipo de caso, mandé un escrito y tampoco nadie del Ayuntamiento fue por allí”.
La acusación pública y el dueño del terreno aseguran que Barge permitió, con su pasividad, una fosa séptica que no contaba con autorización de vertido de aguas fecales y que originó dos expedientes sancionadores por infracciones leves de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil en febrero de 2019 y octubre de 2020. La fosa daba servicio a siete casas, un pequeño centro de salud que solo pasa consulta dos veces por semana y una residencia de mayores, de 24 plazas, que fue clausurada en 2019.
Según el perjudicado, el terreno estaba contaminado y “solo crecían mimosas”. Eso trastocaba sus planes, aprovechando su ciclo de Forestal: “Poner a producir fincas en el rural”. Finalmente, aseguró ante el tribunal desechó la idea porque no encontró apoyo en el Concello y entre los vecinos. “La alcaldesa me dijo que no era para tanto, que pusiera unos cerditos cerca”, aseguró.
La aludida, que solo quiso contestar a su letrado, dice que no tuvo conocimiento de las sanciones del organismo de cuencas porque eran inferiores a 3.000 euros y una funcionaria las gestiona. Aprovechó su derecho a la última palabra, para dejar sentado que no tenía intención de contaminar y que se solucionó cuando tuvo constancia del problema.
La fiscal sostiene que Barge era conocedora de la existencia de la fosa séptica en el lugar de Podentes y que, “con dejación de sus funciones y a sabiendas del deterioro producido al medio ambiente”, no sometió dichas aguas “a tratamiento depurativo simple o primario”, “ni realizó obras para derivarlas a un colector público”, llegando las aguas residuales a la cuenca del arroyo de Porto.
