José Omar Bouzo y Daniel Conde Campos, los dos socios de la empresa Afiador, salieron absueltos en el caso de los paneles publicitarios y ahora también del delito de estafa del que los acusaba el exjefe de Comunicación del BNG en el Concello en 2008, Rubén Valverde.
Ambos eran socios del taller mecánico As Burgas Automomóviles. El 16 de abril de 2009 recepcionaron un coche averiado propiedad de Valverde.
El automóvil fue recogido en septiembre abonando una factura de 4.033 euros. Posteriormente, el coche volvió a sufrir una avería por lo que el dueño lo llevó a un taller de Vigo, en donde apreciaron que la reparación anterior había sido defectuosa. La nueva ascendió a 9.004 euros.
REPARACIÓN NO ADECUADA
A juicio de la jueza titular del Penal 2, 'no ha podido probarse que los acusados hubieran facturado conceptos no realizados de forma efectiva'. Para la magistrada, no cabe duda alguna que 'la reparación que se llevó a cabo no fue la adecuada', pero esa actuación no se incardina en un delito de estafa ya que no hay pruebas que acrediten el que se hubieran facturado reparaciones irreales. 'Los técnicos en la materia que intervinieron en el juicio no están en condiciones de sostener esta afirmación, y, por ende, menos aún nosotros que carecemos de esos conocimientos especializados', dice la magistrada.
El fallo concluye que en el juicio sólo se acreditó que la reparación no fue la correcta, un extremo que trasciende el ámbito penal porque 'la cuestión aquí planteada es meramente civil'.
El automóvil fue recogido en septiembre abonando una factura de 4.033 euros. Posteriormente, el coche volvió a sufrir una avería por lo que el dueño lo llevó a un taller de Vigo, en donde apreciaron que la reparación anterior había sido defectuosa. La nueva ascendió a 9.004 euros.
REPARACIÓN NO ADECUADA
A juicio de la jueza titular del Penal 2, 'no ha podido probarse que los acusados hubieran facturado conceptos no realizados de forma efectiva'. Para la magistrada, no cabe duda alguna que 'la reparación que se llevó a cabo no fue la adecuada', pero esa actuación no se incardina en un delito de estafa ya que no hay pruebas que acrediten el que se hubieran facturado reparaciones irreales. 'Los técnicos en la materia que intervinieron en el juicio no están en condiciones de sostener esta afirmación, y, por ende, menos aún nosotros que carecemos de esos conocimientos especializados', dice la magistrada.
El fallo concluye que en el juicio sólo se acreditó que la reparación no fue la correcta, un extremo que trasciende el ámbito penal porque 'la cuestión aquí planteada es meramente civil'.
