El accidente de tráfico ocurrido a las 15.41 horas del 26 de noviembre de 2017 en la calle Basilio Álvarez de la ciudad le cambió la vida radicalmente a un joven que en ese momento tenía 31 años y se dirigía en moto a tomar algo con los amigos a una cafetería de O Pino. No murió pero estuvo a punto. Tiene, según dijo en el juicio celebrado en la Audiencia en el que se acusa al causante del percance automovilístico de tentativa de asesinato, tornillos y chapas por todo el cuerpo. Sufre incontinencia urinaria que le obliga a veces a llevar pañal y disfunción erectil, entre otra secuelas que le incapacitan para su actividad laboral como mecánico.
La furgoneta que conducía Higinio A.A. (61 años) le pasó por encima tras caer sobre el asfalto. Según el fiscal y el letrado de la acusación particular, el inculpado quería matar al motorista, que iba delante por un pique de tráfico. "Por la avenida de Santiago ya me fue pitando y brazeaba, se me pegó mucho (...)", relató en el juicio el perjudicado. Según valora, "el conductor de la furgoneta tenía prisa y optó por pasar o pasar".
Pero el inculpado dio una versión totalmente distinta, en la que atribuye a la víctima una actitud beligerante y una conducción desordenada. El accidente, a una fatalidad.
En un primer momento, según esa versión, el lesionado se bajó de la moto y le llamó al atención en la plaza de la Marina pero no lo entendió porque llevaba el casco. "Después se puso delante, sin dejarme circular; iba a paso de tortuga e incluso no arrancó durante medio minuto y pensé: 'Este hombre debe estar mal'"; intenté adelantarlo varias veces pero me lo impedía e iba haciendo eses y hasta me obligó a frenar unas 30 o 40 veces", explicó Higinio A.A.
Este último sostiene que lo atropelló sin querer en un maniobra de adelantamiento cuando la moto se fue hacia el arcén pero que tras el impacto no aceleró sino que frenó hasta el punto en que "casi se me sale la dentadura postiza". Eso sí, no detuvo el vehículo por una avería -"quedó bloqueado el embrague"-. Y dice que fue él quien avisó a un policía local que estaba delante de la sede de A Ponte (este lo negó posteriormente, sosteniendo que le dio el alto al ver que conducía con un vehículo destartalado).
La acusación particular reclama una pena de hasta 12 años de prisión y 15 de alejamiento, además de 332.297 euros de indemnización. La acusación pública deja la petición de cárcel en 9 años, además de 12 de alejamiento y la indemnización total en 222.953. En la acción civil, aparece la aseguradora Generali España SA con carácter subrogado y directo.
