Tres miembros de una conocida familia vinculada al tráfico de drogas a pequeña y mediana escala -padre e hijo suman cada uno casi una veintena de detenciones- serán juzgados el jueves por un delito contra la salud pública. José Luis L.Q., su mujer, María Teresa G.L., y su hijo, Rubén L.G., están acusados de vender cocaína y labores de vigilancia, respectivamente, en un inmueble de planta baja en las inmediaciones de la praza de San Cosme, en el casco viejo, que era utilizado como narco-sala, según la Policía Nacional. Junto a ellos, estará en el banquillo Carlos R.A por el mismo delito. Este último, según los investigadores, se encargó de instalar un sistema de vigilancia.
El piso contaba con tres cámaras instaladas en las ventanas y en el portal del inmueble para eludir los controles. Los aparatos remitían las imágenes directamente a una pantalla de televisión. Los implicados presuntamente ofrecían a los clientes la posibilidad de consumir bajo techo. La Policía Nacional le seguía los pasos de carca desde el mes de abril del pasado año, momento en el que se inició la operación Borrasca para combatir el menudeo de droga en determinados pisos de la ciudad. De hecho, en el momento de las detenciones, el 25 de octubre de 2018, había consumidores en el interior.
El matrimonio llevaba consigo 1.135 euros y en el registro de la casa los agentes se incautaron de 2,5 gramos de marihuana, dos trozos de hachís, un bolsa con 1,1 gramos de cocaína y otras 12 bolsas más pequeñas con 2,5 gramos así como 05, gramos de heroína. Había dos botellas de agua con un solución de polvo blanco que la policía identificó como cocaína pero, una vez analizada, resultaron ser 270 gramos de metadona.
La actividad ilícita de los mismos había sido detectada en abril en el domicilio familiar del matrimonio y sus hijos, pero posteriormente se trasladaron a la calle Libertad a un piso en el que se instalaron como "okupas". Un aviso anónimo que llegó a la Comisaría reactivó la investigación en octubre.
Posteriormente, a finales de noviembre, dos de los ahora acusados, Rubén y Carlos, volvieron a ser detenidos por supuestamente traficar con droga junto a otras dos personas dentro de un procedimiento que aun se instruye.
En el juicio del jueves en la Audiencia provincial de Ourense, la fiscal reclama cuatro años y medio de prisión para el matrimonio con la aplicación de una agravante de reincidencia y una atenuante de drogadicción. Para los otros pide inicialmente tres años.
