La fiscal acusa a nueve personas de integrar un grupo de narcotráfico con importantes contactos
Pese a que en las conversaciones intervenidas durante más de un año, tras recibir la Udyco de Pontevedra un anónimo, se habla de cocaína al por mayor, métodos sofisticados para su entrada en España -oculta en un parapente o revistas impregnadas- y en la investigación policial salen a relucir nombres de narcos de las Rías Baixas con poderío, la Policía se quedó con una operación menor por la poca droga incautada a los nueve investigados. Estaban divididos en dos ramas: los narcos pontevedreses -los supuestos distribuidores- y los ourensanos -los compradores-, además de un supuesto socio en Cartagena (Murcia).
En la primera sesión del juicio que comenzó ayer en la Audiencia solo uno de los principales encausados del grupo de Ourense, Miguel Ángel Calviño, reconoció una minucia del escrito de acusación, con muchos matices. Eran suyos 108 gramos de cocaína muy cortada -con una pureza del 7,95%- escondidos en la caleta trasera de un Golf con el que se había desplazado junto Carlos Arturo Salazar a Vilagarcía (Pontevedra) el 14 de febrero de 2015. Una droga que, según dijo a preguntas de su abogado, "no me costó nada". En cuanto a su destino, esta vez a preguntas de la fiscal, rehusó entrar en detalles: "No le puedo contestar", dijo.
A partir de ese único reconocimiento, se pierde en una especie de nebulosa en la que no recuerda o directamente niega la versión del ministerio público, sobre todo, las conversaciones en las que se habla de la compra de media caja (500 gramos) por 34.500 euros o las alusivas a la adquisición de droga en el extranjero. Y, tal como hizo posteriormente la mayor parte de los inculpados, negó la utilización de la BlackBerry incautada en su casa, un dispositivo muy utilizado entre los acusados.
En su interrogatorio, el más largo de todos, aclaró, además, que sus dos empresas -de reformas y compra venta de coches- habían padecido los años de la crisis. Y, a preguntas de su letrado, introdujo el arrepentimento. Tras la experiencia de su detención, pasó por una asociación contra la droga para "reconvertir mi actitud".
Salazar, a quien la fiscal atribuye el papel de lugarteniente y hombre de confianza de Calviño, reconoció que trabajaba para él porque pasaba por momento económicos complicados debido a la falta de trabajo. "No tenía para comer y acepté lo que me propuso", explicó a la sala. Su supuesto jefe le pagaba el piso donde vivía, en la calle Pura y Dora -"la oficina", con un laboratorio clandestino, según la Policía-, lo trasladaba a la costa, pero, según precisó, nunca tocaba los estupefacientes.
El tercer engranaje del grupo de Ourense, Pedro Alexandre Cossío, se desvinculó por completo. Vivía en un piso de Calviño de la calle Greco a cambio de 300 euros de alquiler e incluso trabajó en su empresa de construcción. En cuanto a las conversaciones y fotos enviadas desde una BlackBerry -se ven bolsitas de droga- que lo comprometen, se explicó: "La acababa de comprar de segunda mano el día de mi detención". También precisó que nunca había estado en la casa de Manuel Charlín Gama, cuyo nombre sale a relucir en esta operación como decorado.
Análisis de cabello
Uno de los supuestos proveedores de la cocaína, el pontevedrés Enrique Lorenzo Dávila, quien regentaba una empresa de bebidas, sólo admite consumo. Los análisis de cabello así lo corroboran. No obstante, la fiscal dice que llegó a vender medio kilo por 34.500 euros a Calviño en noviembre de 2014.
Abraham Díaz, vecino de Vilaxoán (Vilargarcía), negó el papel de proveedor de los ourensanos (la fiscal habla de 345 gramos de cocaína el 28 de enero de 2015 y los 108 gramos del 24 de febrero). "No conozco a Calviño de nada", espetó. Y se desvinculó de la BlackBerry. Asimismo, otro de los presuntos suministradores, Jorge Álvarez Cardoso, solo se reconoció como consumidor.
José Antonio Dacal y Oscar Mira Cid -supuestos clientes de Calviño para su posterior venta al por menor en la ciudad- negaron cualquier implicación con el tráfico de drogas.
Por último, el murciano Adel Darío Montoya, a cuyo nombre -dice la acusación- iba a ser remitido desde Colombia un parapente con 9,8 kilos de cocaína, sostiene que un amigo al que le dio su dirección le perjudicó.
La fiscal reclama inicialmente cuatro años de prisión para todos salvo para Enrique Lorenzo (tres al contemplar su adicción).
