El alcalde, Francisco Rodríguez, denunció al popular, Enrique Nóvoa, por dos presuntos delitos de injurias y calumnias, pues considera que vulneró su imagen al insinuar que la concesión del servicio de basura estaba decidida de antemano.
Francisco Rodríguez se querelló hace dos semanas contra Enrique Nóvoa por dos presuntos delitos de injurias y calumnias, tras someter a dictamen de los servicios jurídicos del Concello de Ourense las declaraciones del portavoz municipal popular quien, al conocer el informe del técnico que valoró las ofertas de todos los aspirantes a gestionar el servicio de recogida de absura y limpieza de la ciudad, dijo que la empresa concesionaria estaba decidida de antemano, o lo que es lo mismo, que el boneco xa tiña o traxe cortado y sólo faltaba el sastre que lo confeccionase. El alcalde de la ciudad ya había retado a Nóvoa a demostrar aquellas acusaciones y, finalmente, optó por denunciarlo, al considerar que había puesto en duda a miña honestidade e dignidade, según justificó ayer el propio regidor.
Francisco Rodríguez dice entender las críticas políticas pero otra cosa es que cuestione su honestidade; y cuando lo hace, añade, que o demostre, se non é así, ó Xulgado. Y allí fue a parar la querella que le aconsejaron los servicios jurídicos que, señala, vieron motivos para presentarla por injurias y/o calumnias.
Es la primera vez, afirma el regidor, que adopta esta medida, que ya había apuntado el pasado 15 de septiembre cuando respondió a aquellas acusaciones de Nóvoa retándolo a decir el nombre de la empresa supuestamente beneficiaria y cuando advirtió ya de que presentaría una querella.
La adjudicación se resolverá hoy
Precisamente, la adjudicación del servicio municipal se resolverá esta mañana con toda probabilidad, en la junta de gobierno que asumirá el dictamen de la mesa de contratación que situó en cabeza de las ofertas presentadas la propuesta básica de la Ute FCC-Copasa-Geseco, a razón de 9,1 millones de euros cada año durante 10 anualidades. El PP había detectado fallos aritméticos y decía que también cuestiones subjetivas en el informe técnico que valoró todas las propuestas, aunque reconocía que la opción finalmente elegida permanecía en primer lugar. Pero acusó al alcalde de amañar la concesión y éste, que insiste en que la adjudicación se hace con la más impecable das transparencias, le llevó al Juzgado. Nóvoa podría ser condenado, según el actual Código Penal, a un máximo de dos años de cárcel por calumnias y a 14 meses de multa por injurias, e incluso a una inhabilitación para ejercer cargo público de hasta dos años (ambos delitos así lo contemplan).
Francisco Rodríguez dice entender las críticas políticas pero otra cosa es que cuestione su honestidade; y cuando lo hace, añade, que o demostre, se non é así, ó Xulgado. Y allí fue a parar la querella que le aconsejaron los servicios jurídicos que, señala, vieron motivos para presentarla por injurias y/o calumnias.
Es la primera vez, afirma el regidor, que adopta esta medida, que ya había apuntado el pasado 15 de septiembre cuando respondió a aquellas acusaciones de Nóvoa retándolo a decir el nombre de la empresa supuestamente beneficiaria y cuando advirtió ya de que presentaría una querella.
La adjudicación se resolverá hoy
Precisamente, la adjudicación del servicio municipal se resolverá esta mañana con toda probabilidad, en la junta de gobierno que asumirá el dictamen de la mesa de contratación que situó en cabeza de las ofertas presentadas la propuesta básica de la Ute FCC-Copasa-Geseco, a razón de 9,1 millones de euros cada año durante 10 anualidades. El PP había detectado fallos aritméticos y decía que también cuestiones subjetivas en el informe técnico que valoró todas las propuestas, aunque reconocía que la opción finalmente elegida permanecía en primer lugar. Pero acusó al alcalde de amañar la concesión y éste, que insiste en que la adjudicación se hace con la más impecable das transparencias, le llevó al Juzgado. Nóvoa podría ser condenado, según el actual Código Penal, a un máximo de dos años de cárcel por calumnias y a 14 meses de multa por injurias, e incluso a una inhabilitación para ejercer cargo público de hasta dos años (ambos delitos así lo contemplan).
