La futura Ley de la reforma de la administración local todavía es un anteproyecto pero ya solivianta a los alcaldes de todas las formaciones políticas, incluidos los del PP.
Por eso, todos los regidores ourensanos consultados han mostrado su alivio por la nueva demora en la aprobación de esa llamada reforma local, el paquete de medidas relacionadas con la reestructuración de ayuntamientos y diputaciones, con el que el Gobierno central pretende ahorrar 3.500 millones al año. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, justificaba ayer el ya segundo aplazamiento en determinadas observaciones y objeciones que pusieron algunos ministerios, pero lo cierto es que hay una absoluta falta de consenso con las federaciones de municipios, decididamente en contra de la reducción de concejales que se pretende y favorables, solo en parte, al nuevo papel de las diputaciones como garantes de los servicios en los municipios de menos de 20.000 habitantes.
A este contexto, los alcaldes ourensanos incorporan las peculiaridades geográficas de Galicia, con una gran dispersión de la población, y la propia condición de la provincia de Ourense donde, salvo la ciudad, ningún municipios supera ese límite de población. Por eso, regidores de distintas formaciones urgen una negociación que tenga en cuenta la distribución de la población ourensana -'como se fai a reestructuración no meu concello, que ten 38 núcleos de poboación en 109 kilómetros cadrados?', ejemplificó Plácido Alvarez, alcalde de Muíños- y que comprenda la labor fundamental de los concejales en los municipios con gran dispersión de pueblos -'en mi ayuntamiento se patean los núcleos con su propio coche y sin cobrar, para ayudar a los vecinos', alega el regidor de Amoeiro, Rafael Rodríguez Villarino-.
LOS CAMBIOS
Porque el anteproyecto de ley, que 'colea' desde hace semanas por los despachos de la Federación española de municipios y provincias (Femp) y por la organización gemela en Galicia (Fegamp), pretende reducir la retribución de los alcaldes hasta un límite que no supere la nómina de un secretario de Estado -eso solo afectaría en la provincia al alcalde de la ciudad, el socialista Agustín Fernández, que vería recortadas sus percepciones en unos 800 euros brutos, pasando de 67.822 a 67.055 euros anuales íntegros- y aspira a retirar las competencias en materia de sanidad y educación a los concellos -muchos de ellos se ocupan aún del mantenimiento de los centros de salud y todos, los 92 ourensanos, de la limpieza y conservación de los colegios públicos-. Precisamente el alcalde de O Barco, Alfredo García, precisaba ayer que el mantenimiento de sus colegios le cuesta cerca de 300.000 euros al año, por lo que 'quedaría' encantado si le eliminan el gasto. Aun así, plantea una reflexión: ¿qué será más eficiente, tener cerca a la administración que conserva los centros o hacerlos depender de una institución, la Xunta, que está a cientos de kilómetros y que, probablemente, acabe privatizando el servicio? 'Eso sí', ironiza, 'el anteproyecto de ley, de financiación, no dice nada'.
Incluso recoge una definición más precisa de la atención a los ciudadanos en materia de servicios sociales, donde las peculiaridades autonómicas y locales se multiplican, aunque en Ourense la Diputación ha asumido parte de los servicios básicos.
A este contexto, los alcaldes ourensanos incorporan las peculiaridades geográficas de Galicia, con una gran dispersión de la población, y la propia condición de la provincia de Ourense donde, salvo la ciudad, ningún municipios supera ese límite de población. Por eso, regidores de distintas formaciones urgen una negociación que tenga en cuenta la distribución de la población ourensana -'como se fai a reestructuración no meu concello, que ten 38 núcleos de poboación en 109 kilómetros cadrados?', ejemplificó Plácido Alvarez, alcalde de Muíños- y que comprenda la labor fundamental de los concejales en los municipios con gran dispersión de pueblos -'en mi ayuntamiento se patean los núcleos con su propio coche y sin cobrar, para ayudar a los vecinos', alega el regidor de Amoeiro, Rafael Rodríguez Villarino-.
LOS CAMBIOS
Porque el anteproyecto de ley, que 'colea' desde hace semanas por los despachos de la Federación española de municipios y provincias (Femp) y por la organización gemela en Galicia (Fegamp), pretende reducir la retribución de los alcaldes hasta un límite que no supere la nómina de un secretario de Estado -eso solo afectaría en la provincia al alcalde de la ciudad, el socialista Agustín Fernández, que vería recortadas sus percepciones en unos 800 euros brutos, pasando de 67.822 a 67.055 euros anuales íntegros- y aspira a retirar las competencias en materia de sanidad y educación a los concellos -muchos de ellos se ocupan aún del mantenimiento de los centros de salud y todos, los 92 ourensanos, de la limpieza y conservación de los colegios públicos-. Precisamente el alcalde de O Barco, Alfredo García, precisaba ayer que el mantenimiento de sus colegios le cuesta cerca de 300.000 euros al año, por lo que 'quedaría' encantado si le eliminan el gasto. Aun así, plantea una reflexión: ¿qué será más eficiente, tener cerca a la administración que conserva los centros o hacerlos depender de una institución, la Xunta, que está a cientos de kilómetros y que, probablemente, acabe privatizando el servicio? 'Eso sí', ironiza, 'el anteproyecto de ley, de financiación, no dice nada'.
Incluso recoge una definición más precisa de la atención a los ciudadanos en materia de servicios sociales, donde las peculiaridades autonómicas y locales se multiplican, aunque en Ourense la Diputación ha asumido parte de los servicios básicos.
