En las oficinas del Registro Civil de Ourense, en el sótano del edificio judicial de O Couto, el teléfono no para de sonar entre las nueve de la mañana y las seis de la tarde. Pero no hay orejas suficientes para escucharlo. Es el sonido del caos. Los funcionarios priorizan los certificados requeridos por ventanilla o a través de la sede electrónica -medio centenar diario- para la tramitación de distintos expedientes. A lo que hay sumar las consultas por correo electrónico. A finales de verano, tenían 800 correos pendientes de respuesta.
Al incremento del trabajo por los cambios normativos operados desde finales del pasado año, hay que sumar una nueva forma de realizar sus tareas por la puesta en marcha de la aplicación informática Dicireg. El problema se ha extendido a todas las oficinas del Registro Civil, en donde no hace mucho solo había libros manuscritos ahora se impone la digitalización y la erradicación del papel.
La nueva aplicación habilitada desde el 10 de julio, según comentan los funcionarios, incrementa exponencialmente los tiempos precisos para la práctica de inscripciones de cualquier tipo -“pasos que duraban 15 segundos ahora precisan 10 minutos”, asegura Jose Lloves, el máximo responsable en Ourense-, colapsa las secciones de expedición de certificados, se cuelga constantemente y carece de un catálogo documental que sirva de apoyo y soporte a la actividad registral. Trámites laboriosos para pocas manos. En la plantilla eran siete, pero ha quedado en seis por la retirada de un tramitador de refuerzo a comienzos de octubre, además del letrado de la administración de justicia encargado.
Las nuevas leyes
Los empleados públicos destacan que hay dos nuevas normas que han incrementado el trabajo de forma considerable al ampliar el universo de solicitantes: la Ley 20/2022 de Memoria Democrática (más conocida como “ley de nietos”), que abre una nueva vía a la ciudadanía española desde América Latina, y la Ley Trans -permite el cambio libre de sexo en el registro a partir de los 16 años y elimina los informes médicos y la hormonación para poder hacerlo-.
En toda la provincia, pero sobre todo en la ciudad, han constatado una avalancha de peticiones de información por parte de extranjeros descendientes de ourensanos exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista que por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual perdieron o renunciaron a la nacionalidad española. Sus vástagos se dirigen ahora a los registros civiles para recuperar partidas de nacimiento de sus antepasados con el fin de acogerse a una norma que da un plazo de dos años y que suma tres nuevos supuestos para lograr la concesión de la nacionalidad a la Ley de Memoria Histórica, que rige desde diciembre de 2008. Buscar esas partidas no siempre es fácil, ya que muchos tiran a los dados, dirigiéndose a todas las oficinas ya que desconocen el origen concreto de sus antepasados ourensanos.
Desde la entrada en vigor el pasado 2 de marzo de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, se han tramitado 38 expedientes de rectificación de la mención de sexo en el acta de nacimiento.
José Lloves Forneiro, el letrado de la administración de justicia (Laj) encargado de la oficina general del Registro Civil de Ourense y sus 18 oficinas colaboradoras -los antiguos juzgados de paz-, reconoce el atasco de la oficina porque “llevar al Dicireg el trabajo realizado en las dos anteriores etapas, primero con los libros manuscritos y después en el programa Inforeg, es laborioso”. Eso sí, valora la enorme implicación de los funcionarios para solventar “una situación caótica”.
Ahora mismo, tienen 120 juras de nacionalidad pendientes (el último paso para adquirir la nacionalidad española a las personas que ya residen en España). Una inscripción de una nacionalidad antes no llegaba al mes y “ahora se duplican los plazos”, asegura Lloves.
La nueva aplicación aporta una hoja única para cada ciudadano. “Antes había cuatro secciones -nacimiento, matrimonios, defunción y representaciones legales en caso de incapacitaciones- y ahora, desde que naces hasta que mueres, tienes una hoja en la que aparece todo”, explica el letrado judicial.
Destaca que, además, hay muchos trámites administrativos que exigen documentos expedidos desde los registros: fe de vidas para el cobro de pensiones, certificados para poder beneficiarse del ingreso mínimo vital o del bono social de la luz, entre otros.
Además de Ourense, otras sedes como la de Celanova padecen la avalancha de peticiones de extranjeros desde Argentina y Uruguay, sobre todo, en busca de la partida de nacimiento de sus ancestros para completar el expediente de nacionalidad que concede el Ministerio de Justicia. n
