Este miércoles arrancará en la Audiencia Provincial de Pontevedra el juicio contra nueve personas acusadas de formar parte de una red organizada para transportar un cargamento de 380 kilos de cocaína desde Ecuador escondida en contenedores de fruta con destino a la nave de una empresa dedicada al negocio de las fruterías (Frutas Mavaz) situada en el Polígono Barreiros, en el municipio ourensano de San Cibrao das Viñas.
En total, nueve personas se enfrentan a una petición de 13 años de cárcel por participar en el envío, transporte y recepción de un cargamento de cocaína, que cruzó el océano atlántico hasta desembarcar a mediados de enero de 2019 en el portugués puerto de Leixoes.
Los movimientos de esta red, cuyo principal responsable logró escapar antes de ser detenido y permanece fugado cuatro años después, estaban siendo seguidos por las autoridades portuguesas y españolas tras recibir un aviso de la DEA estadounidense.
A su llegada al puerto luso, agentes de la Procuradoría da República Portuguesa revisaron los contenedores señalados, donde hallaron escondidos entre el cargamento de fruta más de 350 paquetes que contenían cocaína con un valor de mercado estimado en 14 millones de euros.
El destino de la mercancía era una nave propiedad de un empresario ourensano del sector de las fruterías, el propietario de Frutas Mavaz, encargado de recibir la cocaína en una nave de San Cibrao das Viñas desde la que se distribuirá a los compradores, contactados por el cabecilla de la red, quien logró escapar del operativo formulado entre las fuerzas del orden españolas y portuguesas.
Y es que las autoridades permitieron que la mercancía saliese del puerto luso con destino a Ourense para facilitar una entrega vigilada y proceder a la detención de los implicados en plena operación.
VIGILADOS DESDE CASI UN AÑO ANTES
Las miradas de las fuerzas del orden estaban puestas en este grupo desde marzo de 2018, cuando recibieron el aviso de la DEA estadounidense ante los contactos que se producían entre personas afincadas en España para organizar envíos desde Sudamérica a Europa.
Según figura en el escrito de acusación del Ministerio Público, esta red estaba liderada por el hombre fugado de la justicia, quien gestionaba los contactos con la organización de Colombia encargada de proveer la cocaína, con las empresas de transporte transoceánico y con el responsable de la compañía de fruta asentada en Ourense que serviría de pantalla.
Además del empresario ourensano, también figuran como acusados otros tres gallegos residentes en Vilagarcía y Vilanova de Arousa (Pontevedra), tres ecuatorianos asentados en Madrid y dos colombianos también afincados en la capital española.
A todos ellos se les imputa un delito de tráfico de drogas por el que Fiscalía solicita una pena de 13 años de cárcel y el abono de dos multas de 30 millones de euros.
