La instrucción fue “escasa” y no abordó las cuestiones principales, dicen los magistrados
El caso de la adjudicación, por la Diputación, de 104 depuradoras con cargo a fondos europeos, se reactivará en la vía penal después de que la sección segunda de la Audiencia estimase el recurso de apelación del grupo socialista; el auto emitido es, además, firme. El PSOE había recurrido contra el sobreseimiento de la causa ordenado por el titular del Juzgado número dos, Antonio Piña, dos días antes de cesar para convertirse en presidente de la Audiencia.
Los magistrados, siendo ponente Ana del Carmen Blanco Arce, cuestionan la "escasa" instrucción de la denuncia y la "separación" de la misma en dos partes, porque el juez había ordenado el archivo "por irrelevancia penal" de los "comportamientos relativos a la contratación efectuada por la Diputación pero mandaba continuar la instrucción relativa a la asistencia técnica y proyectos de obra. Para la sección segunda esto todo es una "sola causa, en la que se imputa un irregular comportamiento a un organismo de la Administración local" en relación con contrataciones "íntimamente relacionadas" que fueron adjudicadas en su integridad a dos filiales del mismo grupo empresarial.
"Lo expuesto -dice- ya sería suficiente para la estimación del presunto recurso" pero, además, entiende que la instrucción realizada fue "escasa" pues sólo se practicaron declaraciones a los implicados en las contrataciones, técnicos de la Diputación o representantes de las empresas, "interesados en diluir sus posibles responsabilidades".
Los magistrados entienden que es necesario recibir declaración a los investigadores que redactaron el informe de la Oficina europea contra el fraude (Olaf), sobre el que se asienta la causa y que vierte "graves irregularidades" en relación con el "claro favorecimiento de unas empresas" en detrimento de la competencia; y esto son "importantes indicios de comisión criminal", que no han sido "desvirtuados" en esa instrucción, donde, recalcan, sólo consta un informe pericial de un ingeniero agrícola, ajeno a las cuestiones "que se ventilan" en este procedimiento. Manda, pues, seguir, sin que ello "signifique cuestionar decisiones políticas quizás no afortunadas, a la vista de la inoperatividad de las depuradoras instaladas".
