El promotor dice ahora que puede hacer las obras en cinco meses en el entorno de la residencia, si se pacta un plan de etapas
La concejala de Urbanismo, Aurea Soto, lo tiene claro. La residencia universitaria no abrirá, en principio, el próximo curso. Ocurre que la orden de cierre y caducidad de la licencia obliga a clausurarla y precintarla hasta que esté urbanizada la parcela donde se ubica. Y eso durará un año, el plazo inicialmente establecido, porque el gobierno local "no permitirá" alargarlo hasta los 48 meses que demanda la junta de compensación, aunque ese período se refiere a la urbanización de todo el polígono, más de 30.000 metros cuadrados en el entorno de las antiguas naves de Rogelio Fernández.
De hecho, la alegación del secretario de la junta de compensación, el promotor y constructor Bautista Rodríguez, apela al proyecto elaborado por un ingeniero de Caminos para justificar ese mayor plazo de obra; dice que los trabajos serán complejos porque hay "varias edificaciones habitadas cuyos ocupantes han de ser realojados"; alega asimismo las dificultades del terreno donde se asienta el recinto universitario, por su pendiente y la proximidad del propio edificio. Esa junta será la que asuma los trabajos, ejecutados con cargo a la fianza de cerca de 162.874 euros que la concesionaria abonó en su día y que le fue incautada para ese fin.
Soto sólo contempla un modo de acceder a lo que pretende la junta, y es que se divida el plan de obras en dos fases pero que se asuma en el primer año la urbanización de la parte más próxima a la residencia universitaria, dejando el resto del terreno para las siguientes tres anualidades. Si no es así "no vamos a permitir ese plazo" después de que, durante años, puntualizó, el promotor, "al tiempo que denunciaba la falta de urbanización del solar, ponía trabas para impedir que se ejecutasen las obras"; todo ello, asegura, como forma de "presión" para lograr el 100% del aprovechamiento urbanístico en sus propiedades de suelo urbano no consolidado en la zona y conseguir el aprovechamiento del subsuelo bajo zona verde del entorno del Campus, donde pretendería construir un aparcamiento subterráneo.
El abogado del promotor, José Antonio Feijóo, negó ayer un intento de bloquear el funcionamiento de la residencia universitaria y dijo que la responsabilidad de su cierre es de la empresa concesionaria, Siresa Noroeste, que no urbanizó el entorno cuando construyó el inmueble, de la Universidad -que no se lo exigió- y del Concello, que también hizo caso omiso a las advertencias de ilegalidad y dio licencia de ocupación "ilegal". Se excluye, por tanto, de
Feijóo precisó que la junta de compensación está ahora dispuesta a comenzar por urbanizar el entorno de la residencia, lo que le llevaría unos cuatro meses, aunque supedita ese plan de trabajo a un acuerdo con el Concello que defina un plan de etapas que, después, le permita continuar la urbanización en otras partes del polígono a desarrollar.
