"Estamos acostumbrados a este tipo de política, que yo entiendo de otra forma", ha apuntado el presidente de la Diputación.
El presidente del gobierno provincial de Ourense, Manuel Baltar, ha expresado hoy su "tranquilidad absoluta" tras la denuncia presentada por Democracia Ourensana ante la Fiscalía de Ourense y ha garantizado "el cumplimiento de la legislación" en las adjudicaciones de obras menores.
"Estamos acostumbrados a este tipo de política, que yo entiendo de otra forma", ha apuntado Baltar, quien ha criticado la "falta de información intencionada" por parte de algunos grupos políticos de la oposición.
Así lo ha indicado al finalizar una visita a las obras que se están efectuando en la `Rúa do Concello` en Ourense en respuesta a la denuncia registrada ayer por DO, formación que encabeza Gonzalo Pérez Jácome.
Este grupo denunció ayer ante el fiscal posibles delitos de "prevaricación, financiación ilegal y enriquecimiento ilícito de la Diputación de Ourense por adjudicar presuntamente a cinco empresas la totalidad de obras menores en ayuntamientos de la provincia y que estima que podría suponer un desfase de 2 millones de euros anuales.
Preguntado sobre este tema, el presidente de la Diputación de Ourense ha manifestado su tranquilidad y ha enmarcado esta denuncia dentro de la "política que entienden unos".
"Algunos por falta de información intencionada pretenden hacerla a base de pantallazos y de folios e ignorando por completo la materia de contratación pública", ha advertido Baltar, quien ha recalcado la "completa satisfacción" de todos los ayuntamientos.
Así, ha incidido en que en el debate de Estado de la Provincia los diputados acordaron esta "autolimitación" en las obras, por lo que ha enmarcado la denuncia dentro de un "debate estéril".
Ha recordado que no ha habido hasta el momento "ninguna reclamación" en la realización de dichas obras menores por parte de los ayuntamientos.
Entre los delitos que le atribuye DO están los de financiación ilegal y malversación, "cohecho, financiación ilegal (del partido), prevaricación, irregularidades administrativas, malversación de caudales, enriquecimiento ilícito y alteración artificial de las normas de la competencia".
En la denuncia, Jácome ha criticado el reparto de "entre cinco empresas" de las adjudicaciones directas de obras que la Ley permite adjudicar "a dedo" cuando los contratos no superan los 50.000 euros más IVA.
