El grupo provincial del partido considera "una bofetada en toda regla al juez instructor que archivó hasta en dos ocasiones la causa"
El grupo provincial del BNG ha aplaudido hoy la reapertura del caso de las depuradoras, que investiga supuestas irregularidades en la adjudicación de 104 depuradoras con cargo a fondos europeos, lo que considera "una bofetada en toda regla al juez instructor que archivó hasta en dos ocasiones la causa".
El juez, que había separado la causa en dos partes había ordenado el archivo "por irrelevancia penal" de los comportamientos relativos a la contratación efectuada por la Diputación, pero mandaba continuar la instrucción relativa a la asistencia técnica y proyectos de obra.
En un comunicado, los nacionalistas aseguran que no parecía "razonable que la parte archivada se produjese tras escuchar única y exclusivamente, a la parte acusada" y han recordado el informe de la Oficina de Lucha contra el Fraude (Olaf) que habla "no sólo de graves irregularidades administrativas en la contratación", sino que dice claramente, que "los hechos constatados podrían ser constitutivos de ilícitos penales", cuestión que tendrán que dirimir ahora los tribunales.
Para el BNG esta decisión supone "un nuevo torpedo en la línea de flotación" al Partido Popular a quien acusa de haberse y de seguirse beneficiando "de manera lamentable" de una manera de "entender y practicar la política" sustentada en "los excesos y abusos cometidos en esta Institución, de forma reiterado, a través de una política caciquil y clientelar".
Así, recuerda que en diferentes ocasiones habían denunciado la política de personal, que considera que no es "más que la punta del iceberg de la política baltariana al servicio del PP" y que va más allá de los procedimientos de adjudicaciones realizadas en la institución.
"Las irregularidades detectadas por la Olaf no hacen más que poner de relieve el modus operandi de esta institución, y que tiene su réplica, a menor escala, en los Ayuntamientos donde gobierna el PP, donde "se bordea la legalidad (cuando no se incumple flagrantemente) para repartir los contratos entre un grupo de empresas afines al PP", ha denunciado el Bloque.
En caso de determinarse responsabilidades civiles o penales, los nacionalistas exigen que sean los responsables políticos que han causado "semejante despropósito" quienes respondan patrimonialmente.
Por otra parte, consideran "inconcebible" que a fecha de hoy el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, "no haya cesado fulminantemente al superdelegado de Ourense, Rogelio Martínez, incurso en otra causa", al entender que tanto él como el otrora presidente de la Diputación José Luis Baltar son los "responsables máximos de esta cuestión".
En este sentido, piden al actual presidente el cese de los responsables "en aplicación del Código Ético del que tanto alardea Baltar".
