El desprendimiento, procedente de un edificio deteriorado, alarmó a vecinos y transeúntes
El fin de semana en la avenida de Pontevedra, en el antiguo Hotel Barcelona, y ayer en la calle Concordia, en el edificio número 18. La caída de cascotes de edificios en mal estado de conservación empieza a ser una constante en la ciudad, lo que ya obligó a instalar redes de protección y a apuntalar fachadas en otras zonas como la calle Progreso -un auténtico ejemplo de abandono de edificios nobles- y también en la unión de Concordia con la avenida de Buenos Aires, donde la imagen de deterioro de dos antiguas fachadas de edificios cerrados y apuntalados, se completa con la imagen desoladora de un solar vacío, donde una viga en muy mal estado une los dos inmuebles colindantes.
Ayer, el edificio protagonista era el número 18, o quizás el 16 -aunque éste se halla habitado y aparentemente con la fachada en mejor estado- de Concordia. La caída de trozos de piedra obligó a acordonar el lugar del pequeño desprendimiento con vallas, para evitar el paso de los transeúntes; también se inutilizaron dos aparcamientos de la calzada, a la altura del edificio en peor estado, el número 18.
Desde el Concello precisaron ayer que se inspeccionaría el estado del inmueble, que aloja un bajo comercial y oficinas en algunas de las plantas, pero que podrían estar ya desocupadas. Después se instará a los propietarios a adoptar las medidas necesarias para evitar desprendimientos, todo ello previo a la imposición de sanciones, cuya ejecución se prolonga habitualmente en el tiempo, entre recursos y burocracia. Todo ello pese a que el Concello, aseguran, abre una media de 10 expedientes al mes, en todo el casco urbano de Ourense, para poner freno a esta situación.
Lo peor es que la mayor parte de estos hechos se producen dentro del recinto del casco histórico de la ciudad, el que acumula la mayor parte de los edificios nobles y protegidos y donde se pretende promocionar más el turismo, sin que se adopten medidas para frenar ese deterioro, que arquitectos y políticos atribuyen a la crisis económica, es decir, fundamentalmente a la falta de medios, por parte de los propietarios, para asumir una rehabilitación siempre costosa.
