El urbanismo se ha convertido este año en la materia más conflictiva en lo que respecta a reclamaciones patrimoniales presentadas por particulares y empresas contra el Concello.
La nulidad del Plan Xeral, en marzo de 2011, y la aprobación de la ordenanza provisional, también el año pasado, parecen estar detrás del carácter problemático de este departamento municipal aunque no sólo este tipo de cuestiones monopolizan las solicitudes de indemnizaciones, sino que también lo hacen las relacionadas con 'licencias, expropiaciones, obras, etcétera', señalan fuentes municipales. Por el contrario, clásicos en este tipo de reclamaciones como las caídas de ciudadanos en vías públicas han descendido en lo que va de año.
Así, este año el Rexistro Xeral del Concello ha recibido hasta finales de octubre un total de 130 reclamaciones de responsabilidad patrimonial, de las que 39 se corresponden directamente a la caída del Plan Xeral de 2003. Aún sin ser las más numerosas, las peticiones de indemnización derivadas de la nulidad del planeamiento son, de lejos, las más de mayor cuantía. Entre todas ellas superan los 89 millones de euros. También en el ámbito urbanístico se enmarcan otras reclamaciones importantes, como la presentada recientemente por Xardín das Burgas por 16,4 millones de euros y que está vinculada a la imposibilidad de desarrollar su proyecto y los gastos de gestión que la empresa asegura haber realizado.
RESOLUCIONES
La resolución de un expediente de estas características lleva su tiempo -la medida estimada por los servicios municipales es de ocho meses si no se presentan complejidades especiales-. Por ello, de las 130 reclamaciones presentadas se han resuelto hasta el momento 79, de las que únicamente 15 fueron estimadas. Partiendo de estas últimas, el Concello ha aceptado indemnizar a los reclamantes con una cantidad total de 18.865 euros aunque, según afirman los servicios municipales, 'no todo ese dinero ha salido de las arcas del Concello, sino que gran parte ha sido abonado por las empresas concesionarias de servicios o de obras cuando éstas han resultado ser las responsables finales de los daños'.La resolución de los expedientes en un periodo breve de tiempo permite, además, 'evitar la vía judicial y que el Concello ahorre miles de euros de intereses en los supuestos en los que las reclamaciones son estimadas'.
Mientras, para las 64 reclamaciones desestimadas se abre una nueva etapa, la de la vía judicial, si así lo deciden las personas o empresas que las promueven. En éste último ámbito, el Concello fue condenado recientemente a pagar 2.000 euros a un motorista que tuvo un accidente en una rotonda de la ciudad después de meter una rueda del vehículo en un bache. Aunque en un primer momento la institución municipal denegaba indemnizar al motorista al considerar que no circulaba de forma adecuada, la Justicia finalmente consideró que el siniestro se había producido por la omisión del Concello en su deber de conservar la calzada, aunque el motorista podría haberlo evitado si hubiera conducido con la 'diligencia debida'.
Así, este año el Rexistro Xeral del Concello ha recibido hasta finales de octubre un total de 130 reclamaciones de responsabilidad patrimonial, de las que 39 se corresponden directamente a la caída del Plan Xeral de 2003. Aún sin ser las más numerosas, las peticiones de indemnización derivadas de la nulidad del planeamiento son, de lejos, las más de mayor cuantía. Entre todas ellas superan los 89 millones de euros. También en el ámbito urbanístico se enmarcan otras reclamaciones importantes, como la presentada recientemente por Xardín das Burgas por 16,4 millones de euros y que está vinculada a la imposibilidad de desarrollar su proyecto y los gastos de gestión que la empresa asegura haber realizado.
RESOLUCIONES
La resolución de un expediente de estas características lleva su tiempo -la medida estimada por los servicios municipales es de ocho meses si no se presentan complejidades especiales-. Por ello, de las 130 reclamaciones presentadas se han resuelto hasta el momento 79, de las que únicamente 15 fueron estimadas. Partiendo de estas últimas, el Concello ha aceptado indemnizar a los reclamantes con una cantidad total de 18.865 euros aunque, según afirman los servicios municipales, 'no todo ese dinero ha salido de las arcas del Concello, sino que gran parte ha sido abonado por las empresas concesionarias de servicios o de obras cuando éstas han resultado ser las responsables finales de los daños'.La resolución de los expedientes en un periodo breve de tiempo permite, además, 'evitar la vía judicial y que el Concello ahorre miles de euros de intereses en los supuestos en los que las reclamaciones son estimadas'.
Mientras, para las 64 reclamaciones desestimadas se abre una nueva etapa, la de la vía judicial, si así lo deciden las personas o empresas que las promueven. En éste último ámbito, el Concello fue condenado recientemente a pagar 2.000 euros a un motorista que tuvo un accidente en una rotonda de la ciudad después de meter una rueda del vehículo en un bache. Aunque en un primer momento la institución municipal denegaba indemnizar al motorista al considerar que no circulaba de forma adecuada, la Justicia finalmente consideró que el siniestro se había producido por la omisión del Concello en su deber de conservar la calzada, aunque el motorista podría haberlo evitado si hubiera conducido con la 'diligencia debida'.
