Hasta doce anomalías en la instalación de gas detectó el ingeniero que acudió en calidad de perito judicial al domicilio de Luis Blanco Soto y Mercedes Peralta Fernández cuatro meses después de su fallecimiento a consecuencia de una intoxicación por monóxido de carbono en su vivienda familia de Cartelle.
Según dijo, corroboró sobre el terreno los fallos previamente anotados por la Guardia Civil el día de los hechos, el 7 de febrero de 2009. El principal, a su entender, que el tubo de salida de los gases de la caldera 'estaba muy deteriorado y desencajado- no estaba bien sellado-'. Presentaba numerosas perforaciones -añadió- fácilmente perceptibles para un experto en revisiones de gas. Otra de las anomalías, aunque ya más difícil de detectar, es que en el interior de ese conducto había en nido de pájaros.
Precisamente, el fiscal trajo a colación todas esas deficiencias para atribuir a Emilio Fernández Bande, un revisor de gas de la empresa Orbugas encargada de las inspecciones en la casa donde se produjo el accidente y acusado de dos homicidios imprudentes, 'una negligencia grave y flagrante' en el desarrollo de su actividad profesional que 'desencadenó la muerte' de los moradores de la casa.
Pero el propio inculpado niega esta posibilidad ya que, según dijo, en la última revisión efectuada, en enero de 2008, lo único que halló fue que en el análisis de la combustión había liberación de monóxido de carbono no peligrosa (16 partes por millón -ppm-), entregándole un certificado en el que se advertía a los propietarios de la necesidad de subsanar esa deficiencia en seis meses. El inculpado tildó 'la anomalía' de secundaria ya que sólo se precinta el calentador a partir de 50 ppm (la muerte se produce en exposiciones apartir de 1.000 ppm).
Fernández Bande aseguró que realizó la inspección conforme al Reglamento de Instalaciones de Gas, centrándose, tal como dice la normativa, en las partes visibles de la instalación, obviando las 'no accesibles'. Es a los titulares de la caldera a quien compete 'la explotación y buen uso', según explicó. No obstante, el guardia civil que realizó el informa técnico adujo que la mayoría de las anomalías 'eran visibles perfectamente'.
La defensa expuso en su informe final que su cliente había realizado la revisión 13 meses antes de los fallecimientos, tiempo en el no se sabe si los dueños manipularon la instalación 'El fiscal no presenta pruebas de que ese día hubiera anomalías'.
Precisamente, el fiscal trajo a colación todas esas deficiencias para atribuir a Emilio Fernández Bande, un revisor de gas de la empresa Orbugas encargada de las inspecciones en la casa donde se produjo el accidente y acusado de dos homicidios imprudentes, 'una negligencia grave y flagrante' en el desarrollo de su actividad profesional que 'desencadenó la muerte' de los moradores de la casa.
Pero el propio inculpado niega esta posibilidad ya que, según dijo, en la última revisión efectuada, en enero de 2008, lo único que halló fue que en el análisis de la combustión había liberación de monóxido de carbono no peligrosa (16 partes por millón -ppm-), entregándole un certificado en el que se advertía a los propietarios de la necesidad de subsanar esa deficiencia en seis meses. El inculpado tildó 'la anomalía' de secundaria ya que sólo se precinta el calentador a partir de 50 ppm (la muerte se produce en exposiciones apartir de 1.000 ppm).
Fernández Bande aseguró que realizó la inspección conforme al Reglamento de Instalaciones de Gas, centrándose, tal como dice la normativa, en las partes visibles de la instalación, obviando las 'no accesibles'. Es a los titulares de la caldera a quien compete 'la explotación y buen uso', según explicó. No obstante, el guardia civil que realizó el informa técnico adujo que la mayoría de las anomalías 'eran visibles perfectamente'.
La defensa expuso en su informe final que su cliente había realizado la revisión 13 meses antes de los fallecimientos, tiempo en el no se sabe si los dueños manipularon la instalación 'El fiscal no presenta pruebas de que ese día hubiera anomalías'.
