Los usuarios no son personas sin techo, sino con un hogar inseguro debido a la situación de pobreza
"Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada", así se expresa el artículo 47 de la Constitución Española, que no deja de ser cuestión de papel mojado en la realidad ourensana y sobre la que Cáritas llama la atención en su último balance.
En su programa de vivienda atendió a 39 personas y benefició a un total de 58 usuarios, a través de las intervenciones en sus cuatro pisos de acogida para situaciones de emergencia y los beneficiarios de 22 viviendas con alquiler social, destinadas a las personas mayores de 60 años o menores de 35 con un nivel bajo de renta.
Cáritas destaca que "en estos datos no se habla de las personas sin techo, las que se ven por la calle, sino de las que tienen vivienda insegura por sus dificultades económicas, lo que las pone en situación o riesgo de exclusión social".
Entre los atendidos destacan desempleados de larga duración, más de dos años, sin red sociofamiliar de apoyo y perceptores de subsidios de desempleo de larga duración, las rentas activas de inserción, que se sitúan en los 426 euros al mes.
Los hombres tienen, mayoritariamente, una vida laboral que ha estado ligada a sectores como la construcción o la hostelería, duramente castigados por la crisis económica. En el caso de las mujeres, la vida laboral es "muy precaria", ya que generalmente han sido trabajos sin cotización, sin regularización y empleadas mayoritariamente en el sector del servicio doméstico o la hostelería.
Este ha sido el caso de Celsa (no quiere dar más detalles, porque asegura "me da vergüenza"), que trabajó limpiando varias casas durante casi una década, "sin seguro ni nada, porque entonces ni se pensaba en ello y lo que yo ganaba era un complemento al sueldo de mi marido". La crisis hizo que sus empleadores tuvieran que prescindir del gasto que su trabajo suponía, y hace dos años se separó de su marido. "Así que no tengo nada, sólo la mínima pensión que pasa mi marido por las dos niñas, ya que él tampoco gana mucho, y con eso no hago frente a fin de mes, ni a los gastos de la casa, que es de alquiler".
Cáritas pone el foco de atención sobre lo que considera una injusticia. "Muchos soportan la incongruencia de la legislación Risga, una prestación tipo de 399 euros al mes, que no permite el uso compartido de vivienda con otros beneficiarios, pese a que el uso compartido de una vivienda responde a la pobreza y a la privación material, es decir, a la imposibilidad de hacer frente a una vivienda por sí solos con una renta económica tan exigua", señalan.
