'Cada vez tardan más en resolver las peticiones. La verdad es que la Administración vive alejada de la realidad'. Así de tajante se mostraba ayer el responsable de Cáritas Diocesana de Ourense, Angel Feijóo Mirón, al valorar las demoras que se producen en la tramitación de las solicitudes de la renta de integración social (Risga) y las ayudas de emergencia social, lo que obliga a organismos como Cáritas a multiplicar la prestación de sus servicios para paliar la falta de gestión especialmente de la Consellería de Traballo, que retiene sin resolver expedientes terminados para dilatar los pagos.
Según cálculos realizados por esta entidad y por la oposición política, teniendo en cuenta los que pidieron ayuda en 2012 y que este año se ha duplicado el número de solicitudes (de acuerdo con el propio departamento de Beatriz Mato), los afectados se cuentan por centenares, hasta acercarse posiblemente a los 700 en toda la provincia, aunque la Administración autonómica mantiene un absoluto mutismo al respecto.
De nada le sirve porque las quejas son numerosas, tanto en el Valedor do Pobo como en los concellos y en Cáritas. Feijóo Mirón, que hizo constar estos retrasos en el observatorio anual de la entidad, precisa que la burocracia es interminable y que se dilatan deliberadamente los plazos. Este responsable también incluye a los concellos, el de Ourense en este caso, en este problema de demoras pero el gobierno municipal se defiende precisando que la competencia para otorgar ayudas del Risga y de emergencia social es de la Xunta. La administración municipal sólo tramita la solicitud, lo resuelve y lo envía a la Consellería de Traballo, donde se bloquea el visto bueno definitivo hasta más de seis meses; una situación que reconoció el propio responsable autonómico.
De nada le sirve porque las quejas son numerosas, tanto en el Valedor do Pobo como en los concellos y en Cáritas. Feijóo Mirón, que hizo constar estos retrasos en el observatorio anual de la entidad, precisa que la burocracia es interminable y que se dilatan deliberadamente los plazos. Este responsable también incluye a los concellos, el de Ourense en este caso, en este problema de demoras pero el gobierno municipal se defiende precisando que la competencia para otorgar ayudas del Risga y de emergencia social es de la Xunta. La administración municipal sólo tramita la solicitud, lo resuelve y lo envía a la Consellería de Traballo, donde se bloquea el visto bueno definitivo hasta más de seis meses; una situación que reconoció el propio responsable autonómico.
