La carpa en forma de cúpula que el alcalde de Ourense ha instalado en la Praza Maior estará hasta marzo, tal y como había avanzado La Región, y costará a las arcas públicas más de 110.000 euros, según las estimaciones de la oposición, después de recibir el BNG la documentación solicitada al grupo de gobierno. La “okupación” de la Praza Maior durante casi medio año supone un “secuestro do espazo público”, según la formación nacionalista, que pudo acceder a la documentación tras pedir acceso, vista y copia al mismo.
El expediente de contratación de alquiler supone 18.388,50 euros al mes -de momento está contratado hasta el 29 de noviembre, según explicó en junta de área de Dinamización Municipal el concejal de DO Antonio Fernández-, por lo que hasta marzo elevaría la factura a 92.000 euros (en concreto, 91.942,5 euros). Además hubo otro contrato de traslado, instalación y desmontaje (18.388,5 euros), con lo que la factura superaría los 110.000, según los cálculos de la formación nacionalista, algo “aberrante en plena crise económica e social”. Así lo asegura la edil nacionalista Rhut Reza, que considera que se “está privando á veciñanza dun espazo único e emblemático ao tempo que impide que os centos de visitantes poidan gozar na súa plenitude da única Praza Maior inclinada do Estado”.
La enorme estructura en forma de cúpula ocupa la práctica totalidad de la Praza Maior y mengua también el espacio para terrazas de los negocios hosteleros de la zona. El Bloque Nacionalista Galego (BNG), que la ve de “dubidosa necesidade”, sostiene que lo verdaderamente grave son las “desorbitadas cantidades” que costarán al erario público cuando la mayoría de días no se utilizarán -Jácome prevé usarla en Samaín, magostos, encendido de luces de Navidad y Entroido-. Y todo por un “capricho persoal” del regidor precisamente cuando decenas de familias se han quedado en lista de espera en las ayudas a comedores. Reza insta al gobierno a “retirar a carpa unha vez remate o Samaín” y desistir de una infraestructura tan cara.
Otras fuentes de la oposición también calificaron como “escándalo total” este gasto, además de suponer un “secuestro” de la Praza Maior y un “atentado” a la Ley de Contratos.
