Luz verde a la licencia de obra para acometer la restauración de la iglesia de la trinidad, una actuación impulsada por la xunta
El Concello de Ourense vuelve a poner en manos del Consello Consultivo, como ocurrió con el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), temas de interés para la ciudad.
La junta de gobierno local acordó ayer trasladar al órgano autonómico la propuesta adoptada de desestimar la revisión de las licencias concedidas en 2007 para la explotación del subsuelo de la praza de San Antonio, al entender que cuentan con validez al ser adecuadas a la legislación vigente en aquel momento, algo sobre lo que se pronunciará ahora el Consultivo.
La decisión ha enfadado al abogado de los denunciantes de aquel acuerdo, Antonio Feijóo Miranda, que acusa al gobierno local de "bloquear el expediente antes de las elecciones" y asegura que acudirá nuevamente a los tribunales "para que se declare la nulidad de las licencias", insistiendo que el subsuelo es público.
Por otro lado, el gobierno local también acordó elevar al Consultivo un asunto relacionado con la revisión del contrato del servicio de limpieza de colegios, cuya adjudicataria pide "medidas correctivas por desequilibrios económicos". El órgano autonómico también analizará el rechazo de la concesionaria de limpieza, Ecourense, al Plan Anual de Limpieza.
En la reunión de los ediles del gobierno, por su parte, también se dio el visto bueno a la licencia de obra para restaurar la iglesia de la Trinidad, una actuación financiada por la Xunta que deberá comenzar antes de seis meses. La obra ya fue adjudicada a principios de abril a la empresa Construcciones Abal por unos 340.000 euros.
Otros asuntos
En materia urbanística, se desestimó una solicitud de un propietario de dos parcelas incluidas en el área de As Burgas para actualizar su valor. Dado que el planeamiento fue declarado ilegal, el Concello restituirá los terrenos adquiridos mediante expropiación a los particulares.
Por último, el gobierno local también abordó un expediente extrajudicial de créditos para abonar 53 facturas por importe de 49.196,52 euros, aprobó las bases para seleccionar proyectos para la Universidad Popular y dio cuenta de un emplazamiento judicial al Concello por un recurso del PSOE contra las bases de un proceso de contratación de interinos.
