A escasos días de que el día 15 de este mes comience el reglamentario periodo de pago del impuesto de bienes inmuebles (conocida popularmente como 'la contribución)', la repercusión que la anulación del Plan Xeral de 2003 de la ciudad de Ourense puede tener sobre la valoración catastral de los inmuebles provoca algunos interrogantes, que incluso han llevado a la Asociación de Propietarios de Fincas Urbanas a solicitar formalmente al Concello la suspensión del cobro en los terrenos afectados por la anulación del Plan.
Ante esta propuesta, el concejal de Economía, Agustín Fernández, señala que 'temos que ver o que di o Catastro, que está estudiando a situación, e se despois temos devolver o importe dalgúns recibos, farémolo'.
Por lo tanto, el Concello cobrará este impuesto con normalidad este año, teniendo en cuenta que los ingresos directos por este motivo suponen el 40 pro ciento de los que anualmente recibe la institución municipal.
Así las cosas, desde la institución local se asegura que todavía no está definido cuántos inmuebles pueden verse afectados por esta situación y que, ésta, precisamente es la labor que está realizando en la actualidad el Catastro y que se podría prolongar durante meses. En todo caso, la anulación del Plan no afectaría a edificios ya consolidados, sino más bien a fincas urbanas que hayan podido cambiar de clasificación (que fueran urbanas en el Plan de 2003 y rústicas en el de 1986) o bien que hayan perdido edificabilidad con respecto al planeamiento de 2003.
LOS CÁLCULOS
Una situación en la que, según algunas fuentes del sector consultadas, podrían encontrarse entre el 5 y el 10% de las fincas urbanas, lo que significaría en torno a 7.000 y 14.000 propiedades de estas características, si bien es complicado aportar una cantidad exacta sobre las propiedades afectadas por la nulidad del planeamiento de 2003. Traducido en euros, el cambio podría significar alrededor de un millón de euros menos al año para el Concello por la diferencia en los recibos.
Al margen de esta decisión, es posible que los propietarios que se sientan perjudicados por la actual situación urbanística de la ciudad decidan recurrir los recibos, en cuyo caso el Concello estudiará las reclamaciones.
El edil recalca también que, más allá de las posibles consecuencias económicas que acarreará la situación urbanística para las arcas del Concello, 'a situación económica (de la institución municipal) é o suficientemente boa' para hacer frente a la posible reducción de ingresos o a los recursos judiciales que puedan derivarse del parón urbanístico.
Por lo tanto, el Concello cobrará este impuesto con normalidad este año, teniendo en cuenta que los ingresos directos por este motivo suponen el 40 pro ciento de los que anualmente recibe la institución municipal.
Así las cosas, desde la institución local se asegura que todavía no está definido cuántos inmuebles pueden verse afectados por esta situación y que, ésta, precisamente es la labor que está realizando en la actualidad el Catastro y que se podría prolongar durante meses. En todo caso, la anulación del Plan no afectaría a edificios ya consolidados, sino más bien a fincas urbanas que hayan podido cambiar de clasificación (que fueran urbanas en el Plan de 2003 y rústicas en el de 1986) o bien que hayan perdido edificabilidad con respecto al planeamiento de 2003.
LOS CÁLCULOS
Una situación en la que, según algunas fuentes del sector consultadas, podrían encontrarse entre el 5 y el 10% de las fincas urbanas, lo que significaría en torno a 7.000 y 14.000 propiedades de estas características, si bien es complicado aportar una cantidad exacta sobre las propiedades afectadas por la nulidad del planeamiento de 2003. Traducido en euros, el cambio podría significar alrededor de un millón de euros menos al año para el Concello por la diferencia en los recibos.
Al margen de esta decisión, es posible que los propietarios que se sientan perjudicados por la actual situación urbanística de la ciudad decidan recurrir los recibos, en cuyo caso el Concello estudiará las reclamaciones.
El edil recalca también que, más allá de las posibles consecuencias económicas que acarreará la situación urbanística para las arcas del Concello, 'a situación económica (de la institución municipal) é o suficientemente boa' para hacer frente a la posible reducción de ingresos o a los recursos judiciales que puedan derivarse del parón urbanístico.
