La reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) quedó ayer aprobada en el Senado por 235 votos a favor y 6 en contra. Se pone así fin a dos años de tramitación de una ley que supone la supresión del ejercicio del voto en las elecciones municipales de casi un millón y medio de emigrantes españoles residentes en el exterior, de los que 82.134 son de origen ourensano.
De nada sirvieron los últimos intentos de Coalición Canaria e Izquierda Unida en defender la vinculación de los emigrantes con su tierra, de apelar a la igualdad de derechos que recoge la Constitución o de reconocer lo mucho que aportaron y siguen aportando a su país de origen. El resto de las formaciones políticas tenían decidido su voto y apoyaron una reforma que entrará en vigor en cuestión de horas, nada más ser publicada en el BOE.
Hasta ayer, los 82.134 ourensanos inscritos en el censo de residentes en el exterior podían resultar determinantes en las elecciones municipales de mayo, según el municipio de que se tratase. De hecho, en casos como los de Gomesende, Avión, Arnoia o Bande, su número es mayor al de ciudadanos residentes en estos concellos. Ahora, sin embargo, su capacidad de influir en las elecciones municipales está anulada. La reforma de la Loreg, aprobada ayer por el Senado, acarrea la retirada del derecho al ejercicio al voto en los comicios locales de los emigrantes censados fuera del municipio del que son naturales. Esto implica que de los 360.375 electores con los que cuenta la provincia de Ourense, según el Instituto Nacional de Estadística, a fecha de 1 de diciembre de 2010, el 22,7% de ellos dejan de ser considerados a efectos prácticos como electores por residir en el exterior.
En las elecciones autonómicas podrán seguir votando, al igual que en el resto de consultas, además de los referendos, pero hay nuevas reglas. La más importante es que se instaura el voto en urna, una vieja reivindicación de los españoles en el exterior, aunque ahora hay que ver cómo se articula esta propuesta, ya que requiere de 50 urnas en cada consulado o embajada donde se realicen las votaciones, una por provincia. Se trata de un aspecto que genera muchas dudas sobre las posibilidades de conseguir que el sistema pueda estar operativo para las autonómicas de mayo.
TRES HORAS DE DEBATE
Las casi tres horas de debate sobre los vetos presentados por el senador Alfredo Belda, de Coalición Canaria (CC), y Joan Josep Nuet y Jordi Guillot desde el Grupo Mixto en representación de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) y Esquerra Unida fueron estériles. Belda aseguró que si la reforma salía adelante se pondría fin a 30 años de participación democrática de los emigrantes españoles, desde las elecciones de 1979 hasta las últimas municipales de 2007. Afirmó que no se podía eliminar el sufragio de este colectivo atendiendo a aspectos como que no ofrecía las máximas garantías y señaló que es deber del Estado evitar el fraude en la participación electoral.
Igualmente, rechazó la vinculación del voto con la residencia en el municipio, porque los emigrantes 'siguen vinculados, tienen propiedades, pagan impuestos y envían regularmente recursos económicos a sus pueblos'.
Alfredo Belda cargó también con el voto, una de las reformas que introduce la Ley, y que obligará en el futuro a los emigrantes a solicitar ejercer el derecho al voto, en lugar de enviarlo de forma automática como al resto de ciudadanos que residen en España. El portavoz de CC vaticinó que esta medida incrementará la desafección que sienten los españoles por la política, con una participación ya de por sí muy baja en la emigración.
Hasta ayer, los 82.134 ourensanos inscritos en el censo de residentes en el exterior podían resultar determinantes en las elecciones municipales de mayo, según el municipio de que se tratase. De hecho, en casos como los de Gomesende, Avión, Arnoia o Bande, su número es mayor al de ciudadanos residentes en estos concellos. Ahora, sin embargo, su capacidad de influir en las elecciones municipales está anulada. La reforma de la Loreg, aprobada ayer por el Senado, acarrea la retirada del derecho al ejercicio al voto en los comicios locales de los emigrantes censados fuera del municipio del que son naturales. Esto implica que de los 360.375 electores con los que cuenta la provincia de Ourense, según el Instituto Nacional de Estadística, a fecha de 1 de diciembre de 2010, el 22,7% de ellos dejan de ser considerados a efectos prácticos como electores por residir en el exterior.
En las elecciones autonómicas podrán seguir votando, al igual que en el resto de consultas, además de los referendos, pero hay nuevas reglas. La más importante es que se instaura el voto en urna, una vieja reivindicación de los españoles en el exterior, aunque ahora hay que ver cómo se articula esta propuesta, ya que requiere de 50 urnas en cada consulado o embajada donde se realicen las votaciones, una por provincia. Se trata de un aspecto que genera muchas dudas sobre las posibilidades de conseguir que el sistema pueda estar operativo para las autonómicas de mayo.
TRES HORAS DE DEBATE
Las casi tres horas de debate sobre los vetos presentados por el senador Alfredo Belda, de Coalición Canaria (CC), y Joan Josep Nuet y Jordi Guillot desde el Grupo Mixto en representación de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) y Esquerra Unida fueron estériles. Belda aseguró que si la reforma salía adelante se pondría fin a 30 años de participación democrática de los emigrantes españoles, desde las elecciones de 1979 hasta las últimas municipales de 2007. Afirmó que no se podía eliminar el sufragio de este colectivo atendiendo a aspectos como que no ofrecía las máximas garantías y señaló que es deber del Estado evitar el fraude en la participación electoral.
Igualmente, rechazó la vinculación del voto con la residencia en el municipio, porque los emigrantes 'siguen vinculados, tienen propiedades, pagan impuestos y envían regularmente recursos económicos a sus pueblos'.
Alfredo Belda cargó también con el voto, una de las reformas que introduce la Ley, y que obligará en el futuro a los emigrantes a solicitar ejercer el derecho al voto, en lugar de enviarlo de forma automática como al resto de ciudadanos que residen en España. El portavoz de CC vaticinó que esta medida incrementará la desafección que sienten los españoles por la política, con una participación ya de por sí muy baja en la emigración.
