El juez de la operación Zamburiña interrogó a tres agentes y les preguntó por la sustracción
La investigación específica sobre el anónimo que destapó públicamente el delito de robo con fuerza en las cosas en relación a la desaparición de seis armas en la Comisaría de la Policía Nacional que tramitaba el Juzgado de Instrucción 2 ha pasado al magistrado encargado de la llamada operación Zamburiña contra el tráfico de drogas y la supuesta corrupción en el grupo operativo de estupefacientes. El juez acumuló ambos casos habida cuenta que el anónimo que hablaba de la sustracción de las pistolas en agosto de 2014 y enero de 2015 dio paso a una investigación de la unidad de Asuntos Internos que llegó hasta el grupo de policías y confidentes imputados en la trama de la Zamburiña contra el tráfico de drogas.
Precisamente, el comisario, Amable Valcárcel, está convencido que si llega al policía que escribió el anónimo se resolverá la sustracción de armas. "El tema de las armas está directamente relacionado con el anónimo. Las armas no están el mercado, por supuesto, eso lo tengo muy claro; se cogieron sólo para hacer daño, nada más", aseguró y calificó de "calumnias" el contenido de los anónimos, que "vienen de dentro" y cuyo objetivo era "hacer daño".
Las primeras diligencias por el robo de armas datan de 5 de septiembre de 2014 cuando se detecta la desaparición de las tres primeras pistolas en el armero de la comisaría. Es entonces cuando el juzgado incoa unas diligencias previas y al poco se sobreseen por falta de autor. Posteriormente, hay un salto temporal y el 18 de febrero del pasado año se amplia la denuncia al detectarse el robo de otras tres pistolas pese a las medidas adoptadas (cambio del bombillo de la puerta de seguridad que daba acceso directo a la sala e instalación de un sistema de videograbación). En ese momento, algunos medios reciben un anónimo en el que se da cuenta del robo, entre otras irregularidades.
No obstante, el 11 de noviembre de 2014 Asuntos Internos recibió otro anónimo alusivo a una supuesta trama de corrupción policial en el que se acusa a policías del Grupo Operativo de Respuesta (GOR),adscrito a Seguridad Ciudadana, de cometer irregularidades en investigaciones de drogas. Este escrito dio pie a la investigación de la Zamburiña que se saldó con 15 investigados, entre ellos cuatro policías. En la nota se decía que actuaban como grupo paralelo de investigación en asuntos de tráfico de drogas y delincuencia especializada al margen de cualquier control.
Precisamente, ayer declaró la policía imputada que restaba, Herminia M.C.G., quien, tal como ya habían dicho sus otros tres compañeros investigados, confirmó que las operaciones eran comunicadas a sus superiores, negando que en el grupo de drogas se hiciera la vista gorda con los informadores policiales. También dijo que no le constaba ninguna investigación de la unidad antidroga sobre tres de los supuestos traficantes imputados, Josefa P.G., alias Pucha, J.V.V. "Josito" y José R.R. "Tronquito" , si bien sus nombres figuraban en el sistema informático policial a nivel nacional que informa sobre cualquier investigación en marcha.
El instructor repitió el esquema con respecto a interrogatorios anteriores con un pregunta comodín: "¿Cuándo tuvo conocimiento de la desaparición de las armas?". En el caso de esta imputada, cuando el robo trascendió a los periódicos.
La misma pregunta fue dirigida a otros dos policías que declararon pero en calidad de testigos. Uno de ellos, quien estaba en drogas y poco antes de saltar la Zamburiña pidió el cambio de grupo, confirmó que tres años antes había presentado una queja a nivel interno porque consideraba que Antonio R.F, el exjefe de la unidad antidroga imputado en la Zamburiña, realizaba operaciones que eran propias del grupo de estupefacientes, pero que todo quedó resuelto.
