La comisión municipal de Ourense que investigó la caducidad del expediente sancionador a Acciona, la empresa que gestiona zonas verdes en varios barrios de la ciudad, amaga con no llegar a unas conclusiones consensuadas por las diferencias existentes entre los grupos municipales que la forman.
PSOE, BNG y DO concluyeron que hubo simplemente errores administrativos en la tramitación de ese expediente pero el PP detectó también una cierta responsabilidad política, la de las concejalas que, por ejemplo, dejaron con su inacción que caducara ese expediente. Por ello, la firma de las conclusiones por todos los grupos, ya ultimadas aunque no pasaron a la lectura del PP, no está asegurada, según explicó el popular José Luis Valcarce.
La comisión de investigación, que no tiene efecto jurídico alguno, es determinar por qué caducó el expediente -reabierto después- en el que se reclamaban 656.000 euros a la firma debido a incumplimientos de contrato. Además, no sólo se dejó caducar ese acuerdo, sino que la empresa estuvo gestionando en precario el servicio de limpieza y mantenimiento de zonas verdes pese a que le fue denegada la prórroga al expirar el contrato y que el servicio de contratación del Concello preguntó de forma reiterada por el contrato de Acciona. Los servicios de Medio Ambiente y Contratación serían los 'responsables' para la mayoría de la comisión aunque el PP prefiere excluir a este último.
ARGUMENTOS
Estos hechos son, según el PP, argumentos suficientes para que las conclusiones finales de la comisión investigadora concluyan estableciendo también una responsabilidad política, no sólo un mero fallo administrativo. Esa responsabilidad recaería en la exedil nacionalista Marta Arribas, que fue concejal de Medio Ambiente hasta septiembre del año pasado, y en la actual responsable, Susana Bayo, que la sucedió en el cargo.
En el otro lado de la mesa, los tres grupos políticos concluyen con un dictamen distinto, aunque formalmente las conclusiones no están presentadas. Ximena González, la edil nacionalista que preside esta comisión, la primera de investigación que se constituyó este año en el Concello, ultima ese dictamen, que previsiblemente se conozca el lunes, aunque ya se había anunciado inicialmente para el pasado mes de agosto.
La comisión de investigación, que no tiene efecto jurídico alguno, es determinar por qué caducó el expediente -reabierto después- en el que se reclamaban 656.000 euros a la firma debido a incumplimientos de contrato. Además, no sólo se dejó caducar ese acuerdo, sino que la empresa estuvo gestionando en precario el servicio de limpieza y mantenimiento de zonas verdes pese a que le fue denegada la prórroga al expirar el contrato y que el servicio de contratación del Concello preguntó de forma reiterada por el contrato de Acciona. Los servicios de Medio Ambiente y Contratación serían los 'responsables' para la mayoría de la comisión aunque el PP prefiere excluir a este último.
ARGUMENTOS
Estos hechos son, según el PP, argumentos suficientes para que las conclusiones finales de la comisión investigadora concluyan estableciendo también una responsabilidad política, no sólo un mero fallo administrativo. Esa responsabilidad recaería en la exedil nacionalista Marta Arribas, que fue concejal de Medio Ambiente hasta septiembre del año pasado, y en la actual responsable, Susana Bayo, que la sucedió en el cargo.
En el otro lado de la mesa, los tres grupos políticos concluyen con un dictamen distinto, aunque formalmente las conclusiones no están presentadas. Ximena González, la edil nacionalista que preside esta comisión, la primera de investigación que se constituyó este año en el Concello, ultima ese dictamen, que previsiblemente se conozca el lunes, aunque ya se había anunciado inicialmente para el pasado mes de agosto.
