La puesta en marcha de un plan consensuado de empleo e inversión social será la finalidad del en torno a un millón de euros que la empresa adjudicataria de la limpieza, Ecourense, tendrá que abonar al Concello de la ciudad por los incumplimientos detectados por una auditoría y los servicios municipales.
Así lo decidió ayer el pleno municipal, a partir de una enmienda del BNG a la propuesta del PP de devolver esta cantidad a los usuarios del servicio en sus recibos, que no fue aceptada. Con todo, el alcalde, Agustín Fernández, matizó que el ingreso dependerá de si la empresa recurre en el Juzgado la decisión municipal y, de ser así, de lo que resuelva éste.
Aunque el acuerdo estuvo respaldado por PP, PSOE y BNG, no estuvo exento de cierta polémica. El portavoz popular, Rosendo Fernández, criticó que un informe del interventor determine que los incumplimientos de la empresa constituyen una falta grave e 'vostedes, no acordo da xunta de goberno, poñen que é leve. Non queiran tamén xudicializar este servizo', advirtió el popular alertando de una posible 'prevaricación'. Por su parte, la concejala de Limpieza, Susana Bayo, aseguró que las sanciones 'non as determinamos nós', sino los informes municipales y que 'mes a mes estamos detraendo da factura os incumprimentos detectados en materia de persoal' -en torno a 10.000 euros-. El gobierno municipal también afirmó que está ya en proceso de contratación de una nueva auditoría.
Al margen de este acuerdo, el pleno también dio luz verde a que, en el plazo de tres meses el gobierno municipal inicie la redacción de una nueva ordenanza reguladora contra ruidos y vibraciones, aceptando así la enmienda del PP a una moción presentada por Democracia Ourensana, de la que finalmente sólo quedó vigente la realización de una campaña de concienciación ciudadana sobre este problema. El BNG añadió, asimismo, que se vigile el cumplimiento de la actual normativa, de 2002.
ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Por otro lado, los votos favorables de PSOE y BNG hicieron prosperar una moción presentada por los nacionalistas para dotar a los centros cívicos de atención psicológica para los mayores de 60 años. Según sostuvo Susana García, la crisis económica está pasando factura a este colectivo porque 'a volta á casa dos fillos coas súas familias xera nas personas maiores unha gran carga de estrés', motivo por el que propuso que se llegue a un acuerdo con el Colegio de Psicología para la prestación de este servicio.
El pleno de ayer sirvió también para aprobar una modificación en la ordenanza de la inspección técnica de edificios, prorrogando hasta final de año el plazo para los construidos hasta 1910. Los partidos de la oposición reclamaron que se notifique o se informe a los usuarios de la necesidad de realizar esta inspección a sus inmuebles. La Corporación también dio el visto bueno a la incorporación de la ciudad en la red de ciudades amigas de las personas mayores, dotar a los parques infantiles de mobiliario adaptado a niños con necesidades especiales y una propuesta para solicitar a la Xunta que abandone la idea de construir una incineradora en la provincia y apueste por el reciclaje. Además, Rosendo Fernández preguntó al alcalde cuándo iba a dimitir la concejala de Personal por no entrar aún en vigor el acuerdo regulador.
Aunque el acuerdo estuvo respaldado por PP, PSOE y BNG, no estuvo exento de cierta polémica. El portavoz popular, Rosendo Fernández, criticó que un informe del interventor determine que los incumplimientos de la empresa constituyen una falta grave e 'vostedes, no acordo da xunta de goberno, poñen que é leve. Non queiran tamén xudicializar este servizo', advirtió el popular alertando de una posible 'prevaricación'. Por su parte, la concejala de Limpieza, Susana Bayo, aseguró que las sanciones 'non as determinamos nós', sino los informes municipales y que 'mes a mes estamos detraendo da factura os incumprimentos detectados en materia de persoal' -en torno a 10.000 euros-. El gobierno municipal también afirmó que está ya en proceso de contratación de una nueva auditoría.
Al margen de este acuerdo, el pleno también dio luz verde a que, en el plazo de tres meses el gobierno municipal inicie la redacción de una nueva ordenanza reguladora contra ruidos y vibraciones, aceptando así la enmienda del PP a una moción presentada por Democracia Ourensana, de la que finalmente sólo quedó vigente la realización de una campaña de concienciación ciudadana sobre este problema. El BNG añadió, asimismo, que se vigile el cumplimiento de la actual normativa, de 2002.
ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Por otro lado, los votos favorables de PSOE y BNG hicieron prosperar una moción presentada por los nacionalistas para dotar a los centros cívicos de atención psicológica para los mayores de 60 años. Según sostuvo Susana García, la crisis económica está pasando factura a este colectivo porque 'a volta á casa dos fillos coas súas familias xera nas personas maiores unha gran carga de estrés', motivo por el que propuso que se llegue a un acuerdo con el Colegio de Psicología para la prestación de este servicio.
El pleno de ayer sirvió también para aprobar una modificación en la ordenanza de la inspección técnica de edificios, prorrogando hasta final de año el plazo para los construidos hasta 1910. Los partidos de la oposición reclamaron que se notifique o se informe a los usuarios de la necesidad de realizar esta inspección a sus inmuebles. La Corporación también dio el visto bueno a la incorporación de la ciudad en la red de ciudades amigas de las personas mayores, dotar a los parques infantiles de mobiliario adaptado a niños con necesidades especiales y una propuesta para solicitar a la Xunta que abandone la idea de construir una incineradora en la provincia y apueste por el reciclaje. Además, Rosendo Fernández preguntó al alcalde cuándo iba a dimitir la concejala de Personal por no entrar aún en vigor el acuerdo regulador.
