La ciudad y las localidades más pobladas de la provincia, con la excepción de Carballiño, A Rúa y Allariz, han declinado la oferta del Gobierno de Madrid de suscribir un préstamo con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para pagar las facturas de sus proveedores anteriores al 31 de diciembre de 2011. En algunos casos, el volumen de la deuda es notable, pero prefieren recurrir al ahorro, la austeridad y al recorte de gasto antes que endeudarse en un nuevo crédito, al 5% de interés. En total, entre la ciudad y las principales villas la deuda ronda los 12 millones de euros.
El plazo para que los concellos presentasen las facturas adeudadas y las obligaciones en trámite al Ministerio de Hacienda finalizaba ayer, y los servicios de Intervención municipal se afanaron por poner su deuda al día. El Consistorio de la ciudad envió a Madrid una relación certificada de obligaciones pendientes por importe de 2.079.306 euros (el 3,6% de los pagos anuales del Concello), arrojando una liquidez que, dice, no hace necesaria la financiación externa ni la realización de un plan de ajuste, al contar con una situación financiera 'solvente'. Precisamente ayer, la junta de gobierno local reconoció y dio orden de pago de facturas por importe de 717.297,12 euros, lo que reducirá aún más, en breve, la lista enviada al ministerio.
Tampoco el Concello de Verín recurrirá a la opción que le da Madrid para pagar a sus proveedores. Asegura que su deuda pendiente por este concepto es de 1,5 millones de euros -800.000 corresponden a recibos atrasados de luz- pero ya pagó facturas de los años 2004, 2005, 2006 y 2007 por valor de un millón de euros, y recientemente ha concertado un crédito. O Barco envió a Madrid únicamente deudas por importe de 6.880 euros, de los que 5.600 ya fueron incluidos en un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, por lo que tampoco necesita la oferta de préstamo del Gobierno, según el equipo que dirige el alcalde socialista Alfredo García. Ribadavia no ha querido precisar la relación que envió ni tampoco si demandará el préstamo del ICO, algo que ya han descartado Celanova -que debe, según el alcalde, Antonio Mouriño, 20.697 euros, una cifra que considera perfectamente asumible- y Xinzo de Limia, aunque este último concello presentó una relación de facturas que alcanza los tres millones de euros, muchas de ellas, asegura Antonio Pérez, herencia del anterior alcalde, Isaac Vila.
EL PLAN DE AJUSTE
Sí concertarán el préstamo, si el ministerio lo admite después del plan de viabilidad que deben presentar antes del 31 de marzo, otras tres cabeceras de comarca con deuda notable. Carballiño declara una deuda de 2,5 millones, pero espera pagar 1,6 millones con esta oferta del Gobierno. Deja fuera del crédito 667.419 euros que debe a entidades públicas y 72.600 más que corresponden a proveedores objeto de embargo por Hacienda.
Allariz adeuda, según el Concello, 1.969.977 euros, la mayor parte a Fenosa y Sogama, y aunque prevé ingresos por la venta de parcelas en Chorente y por cobros de impuestos y subvenciones, ha optado finalmente por recurrir al plan de ajuste y al crédito; lo mismo que A Rúa, donde la deuda asciende a 960.000 euros.
SOTO ARREMETE CONTRA LA GESTIÓN URBANÍSTICA EN LOS AÑOS DEL PP
La concejala de Urbanismo, Áurea Soto, volvió a insistir ayer en las nefastas consecuencias para la ciudad no sólo de la nulidad del Plan Xeral de 2003 sino también de la gestión urbanística que el documento reflejaba. Para ello, recordó las recalificaciones efectuadas a Bautista Rodríguez, valoradas en 14 millones de euros, o el conflicto judicial que estuvo a punto de acabar con el derribo de la plaza de San Antonio, 'que houbera suposto 40 millóns en indemnizacións', recalcó.
Además, Soto habló de la 'preocupación de moitísima xente en Ourense' para que la forma de gestionar el urbanismo en la ciudad no cambie, motivo por el que, según ella, 'están buscando que non teñamos medios técnicos e xurídicos para defender ó Concello', dijo en referencia al PP. 'Este xeito de facer as cousas estivo moi apoiado por punha parte importante da cidade', sentenció. Soto también aludió a los seis recursos presentados contra la ordenación urbanística provisional, así como la gran cantidad de ellos contra licencias, como ocurrió con Hipercor.
Tampoco el Concello de Verín recurrirá a la opción que le da Madrid para pagar a sus proveedores. Asegura que su deuda pendiente por este concepto es de 1,5 millones de euros -800.000 corresponden a recibos atrasados de luz- pero ya pagó facturas de los años 2004, 2005, 2006 y 2007 por valor de un millón de euros, y recientemente ha concertado un crédito. O Barco envió a Madrid únicamente deudas por importe de 6.880 euros, de los que 5.600 ya fueron incluidos en un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, por lo que tampoco necesita la oferta de préstamo del Gobierno, según el equipo que dirige el alcalde socialista Alfredo García. Ribadavia no ha querido precisar la relación que envió ni tampoco si demandará el préstamo del ICO, algo que ya han descartado Celanova -que debe, según el alcalde, Antonio Mouriño, 20.697 euros, una cifra que considera perfectamente asumible- y Xinzo de Limia, aunque este último concello presentó una relación de facturas que alcanza los tres millones de euros, muchas de ellas, asegura Antonio Pérez, herencia del anterior alcalde, Isaac Vila.
EL PLAN DE AJUSTE
Sí concertarán el préstamo, si el ministerio lo admite después del plan de viabilidad que deben presentar antes del 31 de marzo, otras tres cabeceras de comarca con deuda notable. Carballiño declara una deuda de 2,5 millones, pero espera pagar 1,6 millones con esta oferta del Gobierno. Deja fuera del crédito 667.419 euros que debe a entidades públicas y 72.600 más que corresponden a proveedores objeto de embargo por Hacienda.
Allariz adeuda, según el Concello, 1.969.977 euros, la mayor parte a Fenosa y Sogama, y aunque prevé ingresos por la venta de parcelas en Chorente y por cobros de impuestos y subvenciones, ha optado finalmente por recurrir al plan de ajuste y al crédito; lo mismo que A Rúa, donde la deuda asciende a 960.000 euros.
SOTO ARREMETE CONTRA LA GESTIÓN URBANÍSTICA EN LOS AÑOS DEL PP
La concejala de Urbanismo, Áurea Soto, volvió a insistir ayer en las nefastas consecuencias para la ciudad no sólo de la nulidad del Plan Xeral de 2003 sino también de la gestión urbanística que el documento reflejaba. Para ello, recordó las recalificaciones efectuadas a Bautista Rodríguez, valoradas en 14 millones de euros, o el conflicto judicial que estuvo a punto de acabar con el derribo de la plaza de San Antonio, 'que houbera suposto 40 millóns en indemnizacións', recalcó.
Además, Soto habló de la 'preocupación de moitísima xente en Ourense' para que la forma de gestionar el urbanismo en la ciudad no cambie, motivo por el que, según ella, 'están buscando que non teñamos medios técnicos e xurídicos para defender ó Concello', dijo en referencia al PP. 'Este xeito de facer as cousas estivo moi apoiado por punha parte importante da cidade', sentenció. Soto también aludió a los seis recursos presentados contra la ordenación urbanística provisional, así como la gran cantidad de ellos contra licencias, como ocurrió con Hipercor.
