DEMOLICIÓN

El Concello pagará el derribo del edificio ilegal de As Caldas

La demolición de parte de su fachada trasera costará 450.000 euros más 18.000 de tasas 

El gobierno municipal de Ourense dio ayer un paso más para la demolición de parte de un edificio de seis plantas ubicado en la avenida de As Caldas, concretamente parte de la fachada que da a un patio interior, por sobrepasar los metros reglamentarios. La junta municipal de gobierno aprobó ayer comunicar a la comunidad de propietarios que será finalmente el Concello, porque así lo ordenó el juez, el que abonará los gastos de demolición, que suman 450.000 euros más 15.000 de tasas y que inicialmente el Consistorio pretendía que asumiesen los vecinos. El concejal de Urbanismo, José Cudeiro, precisó ayer que el proyecto técnico de derribo está ya redactado y se han sacado a concurso los trabajos de demolición, presentándose tres empresas; la mesa de contratación se reunirá en los próximos días para decidir la adjudicación, aunque tampoco descarta que quede desierta si ninguna es capaz de cumplir con las condiciones técnicas del proyecto, que es muy complejo porque se trata de operar en un patio interior y "cortar" de arriba a abajo el edificio.

Ourense. 18-9-2010. Local. Inmueble de la avd Caldas 36. José PazUn intento de adjudicación anterior, en febrero de este año, quedó desierto por ese motivo, lo que obligó a reiniciar el procedimiento, que intentará cumplirse ahora.

La batalla judicial de este edificio, ubicado ahora en el número 36 de la avenida de As Caldas (antes era el 54), se inició en 1988, cuando se presentó la denuncia del edificio de enfrente. Antes, se habían producido informes técnico negativos sobre la obra pero un dictamen del entonces servicio jurídico estableció la legalidad de la obra. Ya entonces se acordó el corte de suministros al inmueble pero el asesor jurídico emitió múltiples informes favorables al edificio, hasta que en 1992, una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza ordenaba el derribo; siete años después hacía lo mismo el Supremo. Comenzó entonces una lucha contra lo inevitable, con demoras, autos judiciales, recursos municipales y de los vecinos y dos intentos, el segundo en trámite, de adjudicar los trabajos de demolición.

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