Los cuatro municipios gallegos con prisiones en sus territorios han hecho un frente común contra el Ministerio del Interior en busca de una compensación económica por los gastos que le ocasionan las instalaciones carcelarias, exentas del Impuesto de Bienes Inmuebles, con notables retrasos en el pago de la tasa de basura y donde los reclusos, al no figurar como población empadronada, tampoco 'ayudan' a los municipios a recibir del Estado mayores ingresos por habitantes.
Representantes de los concellos de A Lama (Pontevedra), Outeiro de Rey (Lugo), Curtis (A Coruña) y Pereiro de Aguiar (Ourense) se reunieron este lunes por la tarde en el municipio ourensano para analizar el impacto que las prisiones suponen en sus términos municipales y reclamar conjuntamente al Estado un cambio de actitud hacia estos 'pequeños municipios'.
Los cuatro consideran una 'carga' la ubicación y, por tanto, demandan una 'corresponsabilidad' a Interior por los servicios que prestan y por los que, en muchos casos, no reciben una contraprestación. Las demandas, recogidas en un documento que ya han remitido al Ministerio, incluyen una prestación económica en función de la media de población reclusa en la participación de los municipios en los fondos estatales; otra compensación por la exención del IBI de la que se benefician las cárceles y el refuerzo de la seguridad ciudadana en estos municipios.
Recuerdan estos cuatro concellos que el quebranto, por no ser incluida la población reclusa a efectos de participación en los ingresos del Estado, alcanza en Curtis y A Lama los 267.014 euros, y en Pereiro y Outeiro de Rei, unos 72.727 euros (siempre para cada uno de estos dos concellos).
Por la exención del IBI, Pereiro de Aguiar deja de percibir al año unos 22.000 euros, que serían 135.604 en Curtos y A Lama. Pero, además, la deuda de Interior con respecto a otras tasas es igual de 'grave', en palabras del teniente de alcalde de Pereiro, Manuel Doval, porque Interior adeuda a este municipio ourensano unos 95.000 euros en concepto de abastecimiento de agua.
Frente a ello, los cuatro concellos tienen que reforzar sus servicios municipales, como el Registro Civil, Juzgado de Paz y Servicios Sociales, por supuesto, sin compensación alguna, y sin explicaciones por parte de Interior, que tampoco da cuenta, ni pide permiso, por las obras que realiza en las prisiones.
Los cuatro consideran una 'carga' la ubicación y, por tanto, demandan una 'corresponsabilidad' a Interior por los servicios que prestan y por los que, en muchos casos, no reciben una contraprestación. Las demandas, recogidas en un documento que ya han remitido al Ministerio, incluyen una prestación económica en función de la media de población reclusa en la participación de los municipios en los fondos estatales; otra compensación por la exención del IBI de la que se benefician las cárceles y el refuerzo de la seguridad ciudadana en estos municipios.
Recuerdan estos cuatro concellos que el quebranto, por no ser incluida la población reclusa a efectos de participación en los ingresos del Estado, alcanza en Curtis y A Lama los 267.014 euros, y en Pereiro y Outeiro de Rei, unos 72.727 euros (siempre para cada uno de estos dos concellos).
Por la exención del IBI, Pereiro de Aguiar deja de percibir al año unos 22.000 euros, que serían 135.604 en Curtos y A Lama. Pero, además, la deuda de Interior con respecto a otras tasas es igual de 'grave', en palabras del teniente de alcalde de Pereiro, Manuel Doval, porque Interior adeuda a este municipio ourensano unos 95.000 euros en concepto de abastecimiento de agua.
Frente a ello, los cuatro concellos tienen que reforzar sus servicios municipales, como el Registro Civil, Juzgado de Paz y Servicios Sociales, por supuesto, sin compensación alguna, y sin explicaciones por parte de Interior, que tampoco da cuenta, ni pide permiso, por las obras que realiza en las prisiones.
