Uno de los líos urbanísticos de los últimos tiempos en la ciudad -el de la plaza de San Antonio que se privatizó y resultó ser de uso público- está más cerca de llegar a su fin, con la entrega de llaves de los locales tapiados que se vendieron a la Seguridad Social y que ahora un juez acuerda que son de dominio público.
El periplo judicial que empezó en los noventa dio un paso importante el pasado mes de marzo, cuando el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acordó nulas las licencias otorgadas en el subsuelo de la plaza para uso particular (aparcamientos y locales que adquirió la Seguridad Social y que nunca tuvieron uso). Es decir, que lo que fue privado durante décadas es en realidad de todos los ciudadanos: así lo confirma la justicia, un fallo que podría obligar al Concello a indemnizar a los afectados que ocuparon el recinto de la plaza, ahora del Concello. Hace apenas unos días se produjo otro avance: el Ayuntamiento ya tiene las llaves de los locales que en su día vendió una promotora a la Seguridad Social, valorados en cinco millones y tapiados. Ahora son del Concello, pero no por iniciativa propia: fue un particular el que llevó el caso a la Justicia, exigiendo la recuperación de los locales para dominio público.
La situación del actual gobierno local con el lío urbanístico de la plaza de San Antonio ha sido cambiante en los últimos tiempos: el regidor pasó de denunciar a defender las licencias otorgadas en su día por el Concello a los particulares. Cabe destacar que durante el largo proceso judicial se podían contemplar indemnizaciones por parte del Concello a los afectados por la privatización de estos espacios. Ahora, el Ayuntamiento ya dispone de los locales tapiados en la plaza -el asunto del parquin es otro trámite- y tendrá que decidir a qué destina este recurso público. Incluso puede cederlos a cualquier Administración. En todo caso, la finalidad a la que estén destinados debe ser de carácter público.
“Este acto pone fin al largo proceso judicial iniciado frente al propio Concello de Ourense, quien se negó a recuperar la posesión de los locales y se opuso al recurso interpuesto pidiendo su desestimación”, subraya Antonio Feijóo Miranda, abogado del particular que denunció la privatización de los locales.
