Cronología | La polémica urbanística de la plaza de San Antonio en Ourense

Esta es la cronología de la polémica en la plaza de San Antonio, un disputado enclave urbano de Ourense. El 7 de diciembre de 1994, el Concello y la congregación religiosa de los Hermanos de los Ancianos Desamparados firmaron un convenio urbanístico sobre el espacio que hoy se conoce como plaza de San Antonio. La congregación quedaba obligada a ceder a dominio público la totalidad del espacio libre abierto entre los edificios construidos, es decir, toda la plaza resultante, a cambio de la edificación de los bloques de edificios. En julio de 1998 se otorgó a Hermanos Carrajo, que compró los terrenos a la congregación, la licencia para construir con la autorización de hacer dicho aparcamiento subterráneo bajo la plaza pública. Cuando concluyeron las obras, en 2002 el gobierno local concedió licencia de ocupación para los inmuebles, plazas de garaje y locales comerciales. En 2004, una sentencia del TSXG concluía que el acuerdo sobre el terreno con destino a la construcción de edificios obligaba a “destinar a uso público” la gran plaza resultante y no permitía al cedente “reservarse el subsuelo” para explotación privada. Precisaba que debería hacerse, en todo caso, mediante concesión administrativa municipal y censuraba todos los pasos dados para la recalificación urbanística, ordenando la demolición de todos los edificios y la parte subterránea. El TSXG se ratificó en febrero de 2007 al desestimar el recurso del Concello y ordenaba de nuevo la demolición de todo el complejo urbanístico de la plaza. En noviembre de 2007, la concejala de Urbanismo, Áurea S El parquin de la Plaza de San Antonio es propiedad pública, como confirma el TSXG oto, legalizaba todas las obras ejecutadas -fue posteriormente denunciada por prevaricación, quedando absuelta-, decisión ratificada en junta de gobierno. El Concello solicitó una inejecución de sentencia y en 2009 el TSXG efectivamente decretó que no se ejecutase dicha orden de derribo, lo que permitió que el Concello se ahorrase hasta 40 millones de euros en indemnizaciones. Ya con los edificios a salvo, en 2011 una particular solicitó la revisión de oficio de las licencias otorgadas en el subsuelo, un proceso que ahora se culmina al decretar el TSXG su carácter público y anular dichas licencias de parquin, garajes privados y locales de uso comercial.