El nuevo índice de referencia facilitará el cálculo para poder declarar zonas tensionadas, un trámite que debería aprobar la Xunta y solicitar los concellos. Desde la administración autonómica se han mostrado reacios frente a la nueva Ley de Vivienda en varias ocasiones. Prueba de ello es un informe publicado en diciembre por el Instituto Galego de Vivenda e Solo (GVS), dependiente del Ejecutivo gallego, que apuntaba una supuesta “falta de rigor” en la elaboración de los criterios para establecer estas declaraciones.
Hay dos criterios: que el precio del alquiler, junto al gasto de los suministros básicos, supere el 30% de la renta media; o bien que la evolución del precio en los últimos cinco años se encareciera de manera superior al índice de precios de consumo (IPC) en tres puntos porcentuales. Con los datos del Gobierno disponibles antes de la publicación del índice, el informe concluía que, según el último criterio, nueve concellos ourensanos podrían ser declarados zonas tensionadas: A Rúa, Viana, Maceda, Coles, Amoeiro, Celanova, Xinzo, Ribadavia y O Carballiño. Además, otros tres serían zonas tensionadas “dudosas” al carecer el IGVS de suficientes datos como para hacer un análisis más exhaustivo: Toén, Taboadela y A Merca.
Con la información del IGVS sobre fianzas, el centro de la ciudad también optaría a ser zona tensionada, aunque la lista de concellos se reduciría a uno: Coles. Serían dudosos Taboadela, Viana o Amoeiro, entre otros, aunque la ciudad tampoco aparecería en este segundo listado. En cuanto al criterio de la renta, este tipo de figura jurídica no se implantaría en la provincia, ya que ninguno de los concellos ourensanos cumple las condiciones necesarias.
