El problema demográfico y la pérdida de vecinos suponen una amenaza a muchos niveles para los concellos, también en el tamaño de sus corporaciones, dado que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General establece una escala poblacional para determinar cuántos concejales le corresponden a cada entidad local en las elecciones municipales, teniendo en cuenta para fijar la cifra el padrón oficial a 1 de enero del año anterior a la celebración de los comicios, que es aprobado por el Consejo de Ministros a finales de cada ejercicio.
Así, con los datos cerrados de 2021, ocho concellos de la provincia ya saben que corren riesgo de ver reducido el tamaño de sus corporaciones en las elecciones de 2023, al estar cerca de los límites establecidos por la legislación para que cambie la cifra de ediles.
El municipio de mayor tamaño afectado en esta ocasión por este problema es Ribadavia, que ya estuvo en el alambre antes de los comicios de 2015 y que en el arranque de este año contaba con 5.005 vecinos inscritos en su padrón. Con 13 concejales en su Corporación, caer por debajo de esa barrera poblacional le supondría quedarse con 11 actas y la tendencia demográfica de los últimos años no invita a ser optimista, dado que la capital de O Ribeiro lleva tiempo perdiendo habitantes.
La barrera de los 2.000 vecinos -que marca la diferencia entre tener en el consistorio 11 o nueve concejales- está cerca, por su parte, de tres concellos: San Cristovo de Cea, Nogueira de Ramuín y Trives. En el caso del ubicado en la comarca de Carballiño, parece muy poco probable que su padrón se derrumbe al menos en 72 personas desde los 2.072. Una situación similar vive Nogueira de Ramuín, con 2.067 vecinos en la última actualización tras ser uno de los ayuntamientos gallegos que ha experimentado una mayor subida, al crecer desde los 1.988, lo que le da aire para afrontar el último año antes de que se fije el cupo electoral cuando parecía que se encaminaba a quedarse con dos ediles menos. Por lo que respecta a Trives, la dinámica no invitaba a ser optimista, pero el municipio ha conseguido por primera vez en décadas contener la caída poblacional. Necesita perder un máximo de 14 habitantes para poder conservar sus 11 concejales.
Los otros cuatro concellos que están viendo amenazada la composición de sus corporaciones cuentan en sus padrones con alrededor de un millar de empadronados. Dos de ellos parecen tener un margen suficientemente holgado para no caer por debajo de los cuatro dígitos, ya que Cortegada y San Amaro tienen 1.061 y 1.048 vecinos, respectivamente, sin que hayan sufrido nunca una pérdida de gente tan elevada en un año.
El panorama es menos halagüeño para los ayuntamientos de Castrelo do Val y A Mezquita. El municipio de la comarca de Verín ya se salvó en los últimos comicios de ceder dos ediles y quedarse únicamente con siete, al fijar el padrón a 1 de enero de 2018 un total de 1.001 vecinos, la cifra límite. Cuando parecía evidente que ya no había marcha atrás, la última cifra oficializada por el INE sitúa el censo de Castrelo do Val en 978 personas, tras crecer en 21 respecto a la cifra anterior. El consistorio precisa conseguir durante 2021 una subida de al menos 22 personas para conservar el tamaño de su corporación, que ahora mismo quedaría menguado.
Mientras, en A Mezquita han conocido esta semana que el INE ha fijado su población en 1.006 vecinos tras perder siete durante 2020. Sufrir una reducción similar ya le llevaría a sus electores a escoger apenas siete concejales cuando se coloquen las urnas el 28 de mayo de 2023, una cita que ya se atisba en el calendario y en la que un factor será, sin duda, lo que suceda con los padrones de habitantes durante el año que se cerrará en unos días.
Doce municipios se vieron afectados en los comicios de 2019 por la despoblación
La cifra de concejales que se reparte en la provincia se ha visto mermada en cada proceso electoral por el fenómeno de la despoblación. Prueba de ello es que si en los primeros comicios municipales celebrados en el siglo XXI, en mayo de 2003, los votantes ourensanos eligieron 946 ediles, en la última cita con las urnas, en 2019, esa cifra se había reducido hasta los 876.
A esas elecciones se llegó con una docena de concellos sufriendo un recorte en el número de actas, todos ellos incapaces de revertir en estos años la situación demográfica que les llevó a perder ediles. El caso más significativo fue el de Xinzo, incapaz de impedir la caída por debajo de los 10.000 habitantes que le hacía pasar de 17 a 13 concejales, con un retroceso poblacional que se ha acentuado y que ya le aleja definitivamente el sueño de revertir esa situación.
Los otros municipios que se vieron afectados por la despoblación fueron los de Vilardevós, Vilamarín, Oímbra, Avión, Lobios, Arnoia, Baltar, O Bolo, Beariz, Verea y A Merca. Apenas este último ha conseguido crecer en población desde la actualización de 2018, pero sus 1.939 vecinos hacen inviable que pueda volver a tener 11 concejales.
EXCEPCIÓN
Aunque la provincia sufre una caída poblacional desde hace décadas que merma la representación local, hay también concellos que caminan en dirección contraria y que logran incrementar sus corporaciones. No sucederá para las elecciones de 2023, pero sí pasó en las anteriores, en las que San Cibrao pasó de 11 a 13 actas de concejal tras superar la barrera de los 5.000 habitantes.
