La fiscal pide tres años y nueve meses de prisión para el empresario que los enterró en una fosa
El hallazgo en enero de 2012 de 85 toneladas de residuos tóxicos, pinturas y barnices potencialmente contaminantes, soterrados dentro de una finca situada junto a la nave de la empresa Industrias Químicas Gallegas SL -IQUGASA- en el Polígono Barreiros, sentará en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal al gerente de la empresa, Placer M.B.
La fiscal de Medio Ambiente lo acusa de un delito medioambiental. Reclama una pena de tres años y nueve meses de prisión, al pago de una multa de 18 meses (a razón de 30 euros diarios), así como a una inhabilitación especial para el ejercicio de toda profesión u oficio durante tres años, en caso de que la jueza entienda que el enterramiento afectó "gravemente al equilibrio de los sistemas naturales".
Pero también acusa a Industrias Químicas Gallegas y pide dos años de multa, con cuota diaria de 100 euros, con la posibilidad de acordarse su intervención en caso de que nos sea satisfecha. Y añade responsabilidad civil para el empresario y su empresa: restaurar el equilibrio ecológico perturbado, con un informe completo de recuperación.
El Seprona de la Guardia Civil y el Servicio de Calidade Ambiental de la Xunta clasificaron 827 kilos de envases metálicos y 64 plásticos, todos residuos tóxicos, que ocuparon dos contenedores, además de toneladas de tierras contaminadas. Según determinó la acusación pública a lo largo de las diligencias judiciales, la fosa se estaba utilizando desde 2011 cuando lo que procedía era contratar a una empresa gestora autorizada para el tratamiento de residuos.
Los análisis de las muestras de tierra y agua subterránea evidenciaron la presencia de benceno, tolueno, etilbenceno y xileno, compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos aromáticos policíclicos y metálicos, así como arsénico, que determinaron, a juicio de la fiscal, "la producción de un impacto ambiental grave como consecuencia del soterramiento y una grave afección sobre el territorio y los elementos y procesos naturales de su entorno". Pese a que en un principio se temió por la contaminación de las aguas del río Barbaña, un informe pericial de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil lo descartó.
El vertedero ilegal salió a la luz en enero de 2012 tras la denuncia presentada por un trabajador despedido, quien condujo a los agentes el lugar exacto donde estaba la fosa, junto a un bidón oxidado.
El inculpado recurrió el auto de procedimiento abreviado al entender que se reparó el daño medioambiental con la retirada de los residuos, interesando al juez de Instrucción 2 y la Audiencia (en apelación) el sobreseimiento de la causa. El juez ya rechazó el archivo en tanto que las pruebas periciales ponen de manifiesto la existencia de "impacto medioambiental grave debido a la existencia de un riesgo inadmisible que supuso el enterramiento de los residuos".
Desguace ilegal
También está pendiente de enjuiciar José G.F. a quien la fiscal acusa de depositar de forma indiscriminada 53 viejos vehículos en unos terreno de Faramontaos de Pareda, en San Cristovo de Cea. Asegura que "los vehículos depositados están todos sin descontaminar, con motores líquidos, y demás residuos peligrosos, en estado de abandono, depositados encima del terreno sin impermeabilizar.
Este vecino de San Cristovo está acusado de un delito contra el medio ambiente por el que podría ser condenado a año y medio de cárcel, además de una multa de 12 meses (seis euros al día) e inhabilitación para gestionar y almacenar residuos duante 18 meses. En concepto de responsabilidad civil, en caso de condena, debería restaurar el equilibrio ecológico perturbado.
