Los dos administradores de una empresa de Xinzo fueron condenados a 10 meses de cárcel cada uno por desobedecer tres resoluciones del Concello destinadas a paralizar, precintar y demoler una obra sin licencia.
La titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense ha condenado a los dos administradores de una empresa de Xinzo a 10 meses de prisión cada uno por un delito continuado de desobediencia. Los hechos comenzaron con el inicio de las obras de construcción por parte de la empresa de los acusados, José T.F. y su hijo, José T.A., de un almacén sin haber contado con la pertinente licencia municipal. Estas obras dieron lugar a un decreto del Concello de Xinzo, con fecha de junio de 2003, en el que se requería al representante de la empresa que cesara las obras. No obstante, los trabajos continuaron.
El segundo episodio de desobediencia por los que la magistrada condena a los acusados ocurrió un mes después, cuando el Concello acordó el precinto de las obras, que se llevó a cabo en agosto y que los acusados no respetaron, según la sentencia.
Como los trabajos continuaron, en octubre de 2006, la junta de gobierno local acordó requerir a la empresa a que demoliese las obras, no cumpliéndolo.
La magistrada considera en su sentencia que los dos acusados eran conocedores de las resoluciones municipales, ya que ambos eran administraciones de hecho y de derecho de la empresa y las resoluciones del año 2003. Añade que continuaron poniendo obstáculos al precinto hasta que finalmente se efectuó en marzo de 2007.
Delito continuado
La sentencia considera que existe una continuidad delictiva, por lo que los condena a 10 meses de prisión a cada uno, si bien ambos carecen de antecedentes penales. El fallo puede ser recurrido ante la Audiencia provincial, ya que todavía no es firme.
El segundo episodio de desobediencia por los que la magistrada condena a los acusados ocurrió un mes después, cuando el Concello acordó el precinto de las obras, que se llevó a cabo en agosto y que los acusados no respetaron, según la sentencia.
Como los trabajos continuaron, en octubre de 2006, la junta de gobierno local acordó requerir a la empresa a que demoliese las obras, no cumpliéndolo.
La magistrada considera en su sentencia que los dos acusados eran conocedores de las resoluciones municipales, ya que ambos eran administraciones de hecho y de derecho de la empresa y las resoluciones del año 2003. Añade que continuaron poniendo obstáculos al precinto hasta que finalmente se efectuó en marzo de 2007.
Delito continuado
La sentencia considera que existe una continuidad delictiva, por lo que los condena a 10 meses de prisión a cada uno, si bien ambos carecen de antecedentes penales. El fallo puede ser recurrido ante la Audiencia provincial, ya que todavía no es firme.
