El fiscal pide el archivo de la denuncia contra la junta de gobierno porque no ve intención de delinquir
La sexta denuncia judicial formulada por el portavoz de Democracia Ourensana (DO), Gonzalo Pérez Jácome, contra el gobierno municipal del PSOE en la ciudad tiene los días contados. El fiscal acaba de pedir el sobreseguimiento y archivo de la causa que se sigue en Instrucción 3 contra la junta de gobierno, incluido el actual alcalde, Agustín Fernández, y extensible al anterior, Francisco Rodríguez, por delito de prevaricación, malversación de caudales y cohecho, junto con otro de falsedad en documento público atribuido a los vendedores, por la fallida compra del edificio María Goretti, en el número 26 de la calle Libertad.
Los hechos se remontan al 20 de enero de 2010, cuando el exregidor socialista negoció la compra del 95,17% del inmueble con parte de los herederos del arquitecto Daniel Vázquez Gulías para realizar un centro de formación, ascendiendo dicha operación a más de 400.000 euros. Pero los planes del Concello no llegaron a término porque uno de los herederos, José Ignacio Parada, como copropietario, solicitó que se procediese a la extinción del acuerdo. El Ayuntamiento acudió a los tribunales para reclamarle su parte, pero perdió la demanda que se vio en Instancia 1. El juzgado determinó que los vendedores a los que habían pagado carecían del derecho de propiedad y por tanto de facultades para vender el edificio. Así pues no era factible la división de la "cosa común" -el inmueble- mediante venta en subasta pública por una cuestión estrictamente jurídica.
El fiscal entiende, tras examinar la denuncia, que "no concurren los elementos necesarios" para imputar la junta de gobierno los delitos invocados por Jácome "por cuanto son delitos de naturaleza estrictamente dolosa" (intención de delinquir). Asimismo, pide que se archive la causa contra los "herederos vendedores" -el portavoz de DO le imputaba falsedad-.
Razona el representante del ministerio público que no existe actuación dolosa en la compraventa y recalca que no elaboraron ningún documento mendaz, máxime cuando la escritura la confeccionó un notario. Y en caso contrario, posibilidad que el fiscal, según recalca, no contempla, "faltarían a la verdad en la narración de los hechos" al atribuirse erróneamente ante el notario el 95,17% de la propiedad y no de la parte que les correspondería en los respectivos derechos hereditarios y tal falta de verdad, por tanto, "no dejaría de ser más que una falsedad ideológica" (no punible).
