El fiscal delegado, Julián Pardinas, pone de relieve la enorme influencia que tiene el alcohol en las conductas agresivas
Las denuncias referidas a la violencia en el ámbito familiar no paran de aumentar. Ya son casi el triple que hace diez años. En el último ejercicio, la media se situó en casi cuatro atestados diarios, la mayor parte referidos al contexto del matrimonio o relaciones análogas (violencia de género) con tres al día. De hecho, es la primera vez que en Ourense se sobrepasan los mil procedimientos por violencia machista en los juzgados de instrucción. En 2016, se denunciaron 1.330 casos (un 11,8% más con respecto al año anterior), de los cuales 1.068 lo fueron específicamente por violencia de género (+13,6%).
A la hora de interpretar el fenómeno del maltrato doméstico en la provincia, resulta clarificador el análisis de los datos teniendo en cuenta el tipo de delito que más se juzga. El grueso de los procedimientos tramitados en 2016 aluden al menoscabo psíquico o lesiones de poca entidad. Así, por el delito de maltrato ocasional del artículo 153.1 (violencia de género) se incoaron 410 asuntos, mientras que por las misma infracción pero relativa a la violencia familiar, 78.
Hubo 86 denuncias por maltrato habitual (50 dentro de la violencia de género y 36, familiar). Por el delito de lesiones, 47 diligencias, la mayor parte (29) por agresiones de hijos a padres o viceversa, incluidos los abuelos.
Por amenazas, se incoaron 21 procedimientos, todos ellos en el contexto de la pareja. Mientras, hubo 11 denuncias por coacciones (ocho por violencia de género y tres alusivos a la familiar).
En cuanto a los quebrantamiento de condena o medidas cautelares, los juzgados tramitaron 123 procedimientos, 103 originados en el no cumplimento de órdenes motivadas por asuntos de violencia de género.
En cuanto a los casos sentenciados en los dos juzgados de lo penal de la provincia, hubo 172 condenas y 58 absoluciones. Según valora el fiscal especializado en violencia de género en Ourense, Julián Pardinas, la base de innumerables sentencias absolutorias es la dispensa a la víctima para eludir declarar en el juicio que le proporciona el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. "La experiencia nos dice que, si bien no suele existir ningún problema en el momento de recibir declaración a la víctima en el juzgado de instrucción, no ocurre lo mismo en el acto de plenario", explica. Ello es debido -argumenta- "a que ya ha transcurrido un corto o medio periodo de tiempo desde que acaecieron los hechos y en no pocas ocasiones, llegados a este punto, la que a la postre resulta ser la única testigo de los hechos se acoge, por diferentes razones, a la dispensa legal y se niega a declarar".
Asimismo, el fiscal enfatiza "la enorme influencia"del alcohol en el ámbito de la violencia de género", tal como ha constatado en su dilatada experiencia profesional. Y se explica: "No quiero decir que el alcohol sea el factor causal y determinante de los actos de violencia, pero no hay duda de que sí es un elemento favorecedor de esos actos". De hecho, comenta que entre las víctimas es muy frecuente la frase de que "cuando no bebe es una buena persona y un buen padre, pero cuando bebe...".
El pasado año se solicitaron 239 órdenes de protección y medidas de alejamiento de las cuales 208 fueron específicamente por violencia de género (55 se denegaron). En 2013, en la ciudad comenzaron a usarse brazaletes telemáticos, las llamadas pulseras contra el maltrato, que controlan la aproximación del agresor a la víctima en los casos en los que se hubiera impuesto una orden de alejamiento.
Pero este dispositivo está dando problemas tal como en su día se auguró. "Ourense es una ciudad relativamente pequeña por lo que el número de alertas y alarmas es muy elevado", apunta. El resultado es que genera desconfianza por parte de las personas protegidas así como innecesarias intervenciones de las personas encargadas del control y vigilancia de las medidas. Por tanto, apunta el fiscal, "se corre el riesgo de que alguien pueda llegar a considerarlas como una rutina derivado del mal funcionamiento del sistema técnico".
En cuanto a los inconvenientes, el fiscal pone de relieve la absoluta falta de comunicación con los órganos administrativos dependientes de la Subdelegación del Gobierno de Ourense en temas de violencia de género, un hecho que se repite estos últimos años. La Subdelegación ampara una Unidade de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer para el seguimiento individualizado de los casos.
