Apenas una semana después de que el alcalde, Francisco Rodríguez, mostrara su lado más reivindicativo ante el presidente de la Xunta, Alberto Núñez, coincidiendo con la presentación del Hospital 2050, el regidor vuelve a censurar la política del Gobierno gallego y sus repercusiones en la ciudad.
En esta ocasión, tras el acuerdo de la junta de gobierno local, el Concello ha enviado al Consello da Xunta un escrito firmado por el alcalde requiriendo a la Administración autonómica que derogue y deje sin efecto el decreto que regula los servicios sociales y su financiación y que fue aprobado el pasado 16 de marzo.
Así, según la concejala de Benestar Social, Marga Martín, 'o novo decreto incumpre a Lei de Dependencia, que en ningún caso menciona que os concellos deban financiar programas nin servizos'. A su juicio, 'cos novos criterios, é posible que persoas con poucos recursos deban limitar ou incluso deixar de solicitar o servizo pola imposibilidade de asumir dito custe'. Y es que la nueva norma establece que la ayuda a domicilio, en casos de dependencia ,será cofinanciada además de por el Estado y la Xunta como hasta ahora, por las entidades locales y los usuarios, siendo la aportación autonómica máxima de 9,7 euros la hora -el coste total del servicio es de 15,07 euros-.
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El decreto supone, pues, la obligatoriedad de los concellos a cofinanciar el servicio de ayuda a domicilio para dependientes -en el destinado a los no dependientes ya lo asume en la práctica totalidad- y, según la tesis del gobierno municipal, el incremento de las tasas que abonan los usuarios, aunque Martín espera que este aumento no se produzca hasta enero de 2013.
Con todo, el desencuentro entre la Xunta y el Concello en materia de servicios sociales no es nuevo. La concejala del área, Marga Martín, ya cuestionó en su momento que el Concello tuviera que asumir en 2010 y 2011 costes de dependencia que no le correspondían al no ser suficiente la cuantía aportada por la Xunta a finales de año para sufragar el servicio que presta la institución municipal. De hecho, el año pasado el Concello abonó unos 400.000 euros por ese concepto, aunque el gobierno local esperaba que fuese una situación temporal.
Así, según la concejala de Benestar Social, Marga Martín, 'o novo decreto incumpre a Lei de Dependencia, que en ningún caso menciona que os concellos deban financiar programas nin servizos'. A su juicio, 'cos novos criterios, é posible que persoas con poucos recursos deban limitar ou incluso deixar de solicitar o servizo pola imposibilidade de asumir dito custe'. Y es que la nueva norma establece que la ayuda a domicilio, en casos de dependencia ,será cofinanciada además de por el Estado y la Xunta como hasta ahora, por las entidades locales y los usuarios, siendo la aportación autonómica máxima de 9,7 euros la hora -el coste total del servicio es de 15,07 euros-.
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El decreto supone, pues, la obligatoriedad de los concellos a cofinanciar el servicio de ayuda a domicilio para dependientes -en el destinado a los no dependientes ya lo asume en la práctica totalidad- y, según la tesis del gobierno municipal, el incremento de las tasas que abonan los usuarios, aunque Martín espera que este aumento no se produzca hasta enero de 2013.
Con todo, el desencuentro entre la Xunta y el Concello en materia de servicios sociales no es nuevo. La concejala del área, Marga Martín, ya cuestionó en su momento que el Concello tuviera que asumir en 2010 y 2011 costes de dependencia que no le correspondían al no ser suficiente la cuantía aportada por la Xunta a finales de año para sufragar el servicio que presta la institución municipal. De hecho, el año pasado el Concello abonó unos 400.000 euros por ese concepto, aunque el gobierno local esperaba que fuese una situación temporal.
