La Iglesia quiere desahuciarla por impago de alquiler y ella critica que no se ejecutase la venta
La Diócesis de Ourense y la empresa Vides Singulares, que regenta el complejo enoturístico en la casa rectoral San Eusebio (Coles), se verán las caras en el Juzgado de Instrucción número 2 el próximo 11 de enero. La Iglesia pretende desahuciar a la empresa a la que alquiló la finca, una bodega y una vivienda por el impago de 46.994 euros, que la parte arrendadora argumenta en que dejó de pagar, pues el alquiler era una alternativa temporal a la venta, que se había firmado en su día como promesa, que la Diócesis incumplió. En todo caso, dicho contrato, muy favorable a los intereses de la Iglesia, no obligaba en ningún momento a la Diócesis a completar la transacción, según el articulado del contrato.
Maite Maestre, una de las socias, adquirió en junio de 2020 (con compromiso de venta) la casa rectoral con una superficie de 1.044 metros cuadrados, una bodega enterrada en los aledaños de la iglesia y dos hectáreas de viñedos con variedades de uva como godello, treixadura y albariño. En su momento, su empresa quería comprar todo el conjunto, pero las propiedades estaban hipotecadas (para saldar deudas de otra sociedad dependiente de la Diócesis), por lo que se firmó un alquiler de 15 años de cuya renta de 3.500 euros se iban devengando 2.500 del precio final de venta (cerca del millón de euros) hasta el 31 de diciembre de 2021, cuando vencía el compromiso de iniciar actuaciones para vender las propiedades.
Una vez llegada esa fecha, según la parte empresarial, la Diócesis no volvió a responder y la empresaria intentó negociar y pidió que, de seguir pagando un alquiler, se siguiese detrayendo parte del precio de la futura venta, algo que la sociedad Seminare, dependiente de la Diócesis, no llegó a responder. Fruto de esta falta de respuesta, a partir de agosto de 2022 la empresaria dejó de abonar el alquiler y presentó una demanda por incumplimiento de contrato contra la Diócesis, al entender que “la arrendadora no había cumplido ninguna de las condiciones previas pactadas para poder proceder a la venta”. La Diócesis respondió con una demanda de desahucio contra la empresaria, que se dirimirá en una vista judicial el próximo 11 de enero.
“Solo desde 2020 hemos realizado inversiones fijas aquí por valor de 150.000 euros porque no preveíamos seguir siendo inquilinos, sino que entendíamos, como estaba firmado, que íbamos a ser los propietarios. Este terreno en alquiler no nos interesa, no es rentable. Necesito reformar y pasar de 7 a 11 o 12 habitaciones y tener cuatro hectáreas más de viñedo. Tenemos la firme voluntad de pagar, pero necesitamos el compromiso de venta”, explica Maestre, que muestra su temor más profundo: “Temo que detrás de esto estén otras ofertas más altas que haya recibido la Diócesis, ahora que hemos cogido un conjunto en desuso, lo hemos reformado y lo hemos puesto a funcionar”.
Como se expresa en la respuesta a la demanda del Obispado, la particular alega que se ha estado “abonando un alquiler no querido y más allá de lo pactado en el tiempo, con un proyecto empresarial absolutamente en el aire (impago hipoteca incluido), a voluntad de la Diócesis”.
"No hubo actuación alguna"
En el contrato firmado en su día se expresaba con claridad que Vides Singulares “pretende la compra de las fincas (…) a través de la adquisición a la Diócesis de la mercantil Seminare, de la cual la Diócesis posee el 100% del capital social”. Y en ese mismo contrato, se recogía que “dado que a día de hoy no es factible cumplir las condiciones requeridas para tal fin, se plantea como solución temporal el presente arrendamiento”. Es decir, el contrato explicita que se trataba de una “solución temporal”, que es lo que argumentan ahora los empresarios, que acusan a la Diócesis de “incumplir” su parte y no iniciar las actuaciones previas para venderle la mercantil Seminare a cierre de 2021: “En tres años no iniciaron actuación alguna”.
La Iglesia firmó cláusulas favorables que le permitían evitar la transacción
La Iglesia se agarra, entre otros apartados, al párrafo cuarto de la estipulación cuarta del contrato de promesa de venta, en el que se señalaba que si la parte vendedora no pudiera llevar a cabo la promesa de venta, “el contrato de arrendamiento entre las partes quedará prorrogado hasta los 25 años de duración”. Una condición que la defensa de la empresaria reclama como “nula”, por ser puramente “arbitraria”. De hecho, hay otras cláusulas que desde la parte arrendataria ahora reconocen como “abusivas” pero que allanan el camino a la Diócesis, como que esta no indemnizaría tras el fin de contrato cualquier tipo de inversión realizada. Ahora, los empresarios reconocen que asumieron estas condiciones porque entendían que en 2022 el bien sería de ellos.
Fuentes del Obispado señalan su “vontade de diálogo” con la arrendataria y niegan que detrás de esta voluntad de desahuciarla existan otras ofertas más atractivas. Apelan a la “cautela” y a la “discreción” al ser un “tema privado” pero insisten en que ellos no quieren “deixar a ninguén na rúa” y que simplemente han apostado por un diálogo que, de no fructificar, debe acabar con el desahucio.
El juzgado decidirá. Los empresarios insisten en que el 31 de diciembre de 2021 era una fecha límite, y aunque la Iglesia se reservó en las cláusulas del contrato la posibilidad de acabar por rechazar la venta, todavía puede haber lugar al acuerdo.
