Detrás de los pleitos que enmarañan la situación de la Finca Santamarina se encuentra un punto clave: los derechos de los herederos de los propietarios a los que la Diputación expropió la Finca en 1949. La mayoría de ellos llegaron en su día a un acuerdo con Flager para vender los, a cambio de una cantidad que se estima en 2,5 millones de euros.
De hecho, en su último auto, la Audiencia establecía que Flager se benefició de su condición de reversionista en la transacción realizada con la Diputación 'mediante la obtención de una rebaja del precio de adquisición de la finca con respecto a la que correspondería en el mercado'.
Ese es el argumento que emplean los reversionistas que exigen su parte y que la inmobiliaria les niega, alegando que en aquella transacción con la Diputación no ejerció esos derechos de reversión, apelando en sus argumentos a la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que avaló operación sin hacer constancia de los derechos de los pequeños reversionistas.
En cualquier caso, frente a esos reversionistas que no han percibido un euro de Flager, la Diputación sí manifiesta, según su presidente, José Luis Baltar, haber cobrado los casi 8,4 millones del acuerdo, aunque con retraso en lo que serefería al segundo plazo de pago.
De los 8.396.139 euros, la Diputación transfería al Concello tres millones de euros para contribuir a la urbanización del área de reparto, algo que, por cierto, sigue pendiente porque no se ha hecho obra alguna.
Ese es el argumento que emplean los reversionistas que exigen su parte y que la inmobiliaria les niega, alegando que en aquella transacción con la Diputación no ejerció esos derechos de reversión, apelando en sus argumentos a la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que avaló operación sin hacer constancia de los derechos de los pequeños reversionistas.
En cualquier caso, frente a esos reversionistas que no han percibido un euro de Flager, la Diputación sí manifiesta, según su presidente, José Luis Baltar, haber cobrado los casi 8,4 millones del acuerdo, aunque con retraso en lo que serefería al segundo plazo de pago.
De los 8.396.139 euros, la Diputación transfería al Concello tres millones de euros para contribuir a la urbanización del área de reparto, algo que, por cierto, sigue pendiente porque no se ha hecho obra alguna.
