Como es habitual cada ejercicio, la Diputación aborda en el pleno de septiembre el presupuesto de la institución para el año siguiente, convirtiéndose así en la primera administración de España en aprobar inicialmente las cuentas. El documento elaborado por el gobierno provincial contempla una previsión de ingresos y gastos de 79,7 millones y según destacó el presidente de la institución, Manuel Baltar, están diseñados para hacer frente a las consecuencias de la pandemia.
"Ninguén vai ser quen de sacar con tanta celeridade, axilidade e previsión o documento máis importante para calquera administración. É a Deputación máis social da historia, que aposta polo emprego e non deixa de investir", señalaba recientemente.
La sesión plenaria estará también marcada por la crisis abierta en Democracia Ourensana, cuyos dos diputados –Miguel Caride y Armando Ojea– están en sectores enfrentados en el grupo municipal. Ojea mantiene por ahora la vicepresidencia segunda, pero Baltar ya ha avisado que será destituido si vota en contra de las decisiones del gobierno provincial, algo que ya avanzó el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, tras la ruptura en el Concello. Sí se da por descontado el apoyo a los presupuestos de Miguel Caride, lo que garantiza la aprobación del presupuesto haga lo que haga Ojea.
Además de las cuentas de 2021, el orden del día del pleno contempla también varios asuntos de índole económico. Se dará cuenta de la Conta Xeral de 2019 y se someterán a votación un reconocimiento extrajudicial de créditos para pagar facturas pendientes por un importe superior a los 791.000 euros y una modificación de crédito del presupuesto vigente para inyectarle cerca de 1,2 millones al presupuesto, dotando por ejemplo subvenciones de carácter deportivo o un préstamo para Meisa.
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Otros asuntos que se tratarán en el pleno de hoy son la concesión del título de Hijo Adoptivo de la Provincia a Manuel Buciños, el reglamento de utilización del pabellón Paco Paz o las bases reguladoras del plan provincial de cooperación para realizar obras en los 92 concellos, reservándose también la posibilidad de pedir la ayuda para rebajar la deuda.
Entre las mociones que se someterán al debate plenario están dos del PSOE sobre la creación de una tarjeta para jóvenes y la elaboración de un protocolo para garantizar la seguridad durante el curso escolar. El BNG defenderá que se cumpla el pacto antitransfuguismo, mientras que Ciudadanos pide un plan único para repartir entre los ayuntamientos.
